Durante la tarde de este viernes saldrá desde la cárcel de Traiguén el funcionario del Poder Judicial (J.P.P.V.) que fue detenido y formalizado esta semana, en la misma comuna, por posesión de armas y explosivos.
Traslado a la ciudad de Valdivia que fue autorizado por el Tribunal este jueves luego de analizar la posición de Gendarmería de Chile que entregó un argumento clave: el imputado, en su rol de oficial de actas del Juzgado de Garantía, visitaba junto al juez de turno de forma sistemáticamente la cárcel a la cual fue ingresado.
Así se desprende del oficio Nº 09 que envió el director regional de Gendarmería de La Araucanía, coronel Leonardo Barrientos, en que entregó las razones de la institución del por qué era urgente el cambio de recinto penitenciario.
De esta forma se estableció que uno de los motivos claves, y que aparentemente no cruzó por la cabeza del tribunal ni fiscales, era la amplia relación y conocimiento del imputado de las dependencias donde iba a permanecer recluido durante los 3 meses que dure la investigación.
Si bien el Poder Judicial ha señalado en reiteradas oportunidades respecto a la necesidad de que las personas que son investigadas permanezcan cerca de sus familiares, la autoridad carcelaria puso como ejemplo los traslados de Martin Predadenas, formalizado por abuso sexual y violación, y de Luis Eugenio Salas, imputado por el crimen de Damaris Melñir.
Incluso, se explicó que la unidad penal de Valdivia cuenta con barreras físicas, envolventes de seguridad, tecnología, mayor segregación y segmentación, entre otras condiciones que no tienen los penales de Temuco y Angol. Además, en el mismo texto se incluyó que la cárcel de Angol mantiene una sobre población en el área de imputados.
Pero no fue lo único. Según información a la cual accedió Radio Bío Bío, dentro del análisis estuvo la modelación de escenarios hipotéticos basados en la supuesta relación que tendría el funcionario del Poder Judicial con una organización criminal que operaría en la denominada macrozona sur, por ello se podrían generar escenarios tales como una fuga programada o que su vida o la de sus custodios puedan estar en peligro en caso que se abriera a colaborar con la investigación. Frente a ese escenario ninguna de las cárceles de La Araucanía mantiene la seguridad necesaria como sí ocurre con Valdivia.
Asimismo, dentro de la audiencia solicitada por Gendarmería la jueza determinó que el traslado se deberá concretar luego que el abogado del hijo del exgobernador de Malleco y excoordinador de la Agencia Nacional de Inteligencia en la zona, lo visite presencialmente en el penal de Traiguén. Tras esto, que debería ocurrir después de las 16 horas, se activaría el traslado bajo fuertes medidas de seguridad en un recorrido de 264 kilómetros.
Lea aquí el documento:
El origen
Todo comenzó la noche del pasado lunes. Estaba en su domicilio, ubicado en la calle Ignacio Carrera Pinto, en la comuna de Traiguén, cuando funcionarios del OS-7 de Carabineros se apostaron a las afueras del inmueble. Lo buscaban. Una denuncia anónima por un posible cultivo de marihuana lo puso en la mira de las policías.
“Soy funcionario del Poder Judicial, conozco mis derechos”, les dijo, J.P.P.V. a los efectivos policiales que quisieron entrar a su domicilio, negándose. Es en este contexto es cuando Carabineros solicita al fiscal que investigaba los hechos, una orden para hacer ingreso al lugar.
Mientras los efectivos del OS-7 aguardaban por la resolución judicial para hacer ingreso y registro a la casa de J.P.P.V., este “por la parte posterior (…) lanzó una bolsa que en su interior mantenía envuelto diferentes fundas contenedoras de detonadores de artefactos eléctricos y mecánicos”, señala el parte de los funcionarios que realizaron la diligencia.
Pasaron más de 180 minutos para que finalmente, a las 21:15 horas, Carabineros hiciera ingreso al lugar y se abriera una verdadera caja de pandora. Al interior de la casa del oficial de acta del Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén se encontró, según el parte policial, solamente un revólver calibre 38 con la serie borrada. No obstante, a unos metros se encontraría un verdadero arsenal de guerra.
En un sitio colindante al domicilio de J.P.P.V., donde “habría arrojado una mochila con especies en su interior”, se incautaron una serie de armas de alto calibre.
La lista la encabezaba un fusil marca FAL, calibre 7.62, con su cargador y munición; dos pistolas; un rifle calibre 22; una bolsa contenedora de explosivo C4; detonadores eléctricos y mecánicos; 1 subfusil calibre 9mm; una gran cantidad de munición y otra serie de elementos de alto nivel de fuego.
Este hecho causó comentario, tanto a nivel político, como judicial, ya que bajo el rol de oficial de actas al interior del Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén, por sus manos pasaron informaciones altamente sensibles ligadas a causas penales de la zona y se desconoce -por el momento- si realizó o no mal uso de ella.
Gendarmería: la pieza clave
Sistemáticamente cuando las autoridades analizan u hablan sobre coordinación de las entidades para combatir el crimen organizado dejan fuera a Gendarmería de Chile. Punto que para algunos es uno de los graves errores que han cometido los políticos de turnos puesto que la entidad es clave en entender, colaborar y aportar información en extremo valiosa sobre el combate de las bandas.
De hecho, al revisar las mesas de trabajo es habitual que Gendarmería no tenga un rol protagónico, sin embargo, información valiosa que ha contribuido a desarmar bandas criminales ha provenido desde el interior de los recintos penitenciarios.
