La exjefa de gabinete del intendente de Los Ríos, César Asenjo, demandó al Fisco por el no pago de remuneraciones durante su trabajo con la autoridad regional.

En total pide cerca de 50 millones de pesos, ya que también acusa daño moral.

Se trata de la demanda que ya analiza el Segundo Juzgado Civil de Valdivia, y que presentó Macarena Salgó, quien trabajó con Asenjo entre el 19 de noviembre de 2018 y el 5 de febrero de 2019, según da cuenta la plataforma web de la Ley del Lobby.

En la acción legal se indica que tras quedar vacante el puesto de Jefa de Gabinete de la Intendencia, fue el propio César Asenjo quien solicitó a Salgó ejercer dichas funciones, a lo cual ella accedió, dejando su cargo como Jefa de Gabinete de la Seremi de la Secretaría General de Gobierno.

En ese marco se afirma que hubo diversas conversaciones y firma de documentos, y que se le ofreció un contrato a honorarios hasta fines diciembre de 2018 y luego la renovación del mismo año a año, hasta el término del Gobierno en 2021.

Sin embargo, dicho contrato nunca se habría escrito, de hecho se indica que un asesor del Intendente, Boris Gatíca, le habría dicho que éste fue rechazado por falta de presupuesto. Hombre que además habría tomado el cargo de ella en febrero de este año.

Tras la falta de soluciones por parte de Intendencia a su situación y el no pago de honorarios por los días que ejerció como jefa de Gabinete del intendente, presentó dicha demanda.

La seremi de Gobierno en Los Ríos, Ann Hunter, señaló que ya están en conocimiento de la acción legal, y que el problema debe ser resuelto en los tribunales correspondientes.

En la demanda, Salgó pide que el Fisco le pague seis millones 143 mil 996 pesos bruto, por concepto de honorarios adeudados.

También 28 millones 160 mil pesos, por concepto de honorarios correspondientes al período febrero a diciembre de 2019, los que según se afirma en el texto legal, debió recibir de haberse cumplido con las obligaciones derivadas del contrato celebrado.

Además pide que se le paguen 15 millones de pesos u otro monto que la justicia determine, por concepto de daño moral.