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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Desde la Municipalidad de Cochamó, en la región de Los Lagos, alertan por la compra de terrenos en zonas fronterizas por parte de argentinos, asegurando que la normativa de soberanía presenta vacíos. Vecinos de Llanada Grande han tomado acciones legales tras la inscripción de un terreno limítrofe por un ciudadano argentino. El alcalde denuncia que la normativa del '77 no contempló este escenario, dejando expuestas las condiciones limítrofes de la comuna. Se acusa al Estado de abandono en las comunas fronterizas.

Desde la Municipalidad de Cochamó, en la región de Los Lagos, afirmaron estar en alerta por la compra de terrenos en sectores fronterizos por parte de ciudadanos argentinos. Aseguraron que la normativa que busca el resguardo de la soberanía tiene vacíos.

La preocupación surgió tras la inscripción de derechos de un predio limítrofe en Cochamó por parte de un ciudadano argentino. Ante eso, los vecinos de la localidad de Llanada Grande han interpuesto acciones judiciales por la situación.

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Normativa deja expuestas las condiciones limítrofes de Cochamó

Sobre esta situación se refirió el alcalde de Cochamó, Francisco Donoso, precisando que hace un tiempo, una persona de nacionalidad argentina, a través de una sociedad, también accedió a un terreno en el sector “Paso El León”.

Por eso reconoció que “nosotros vemos con preocupación y hemos manifestado que la normativa del ’77 no visualizó este tipo de situaciones y hoy día está totalmente permeable y deja expuestas las condiciones naturales y limítrofes que tiene la comuna”.

La autoridad acusó abandono y “poco compromiso” del Estado con las comunas fronterizas. Según explicó, el hito limitrofe de Cochamó se encuentra en el jardín de la casa de una vecina y eso -a su juicio- demuestra la poca preocupación por las familias que hacen patria en la frontera.

Radio Bío Bío consultó sobre esto a la Delegación Presidencial de Los Lagos, donde declinaron entregar declaraciones, señalando que estaban a la espera de información de Cancillería, misma institución que derivó la responsabilidad a Bienes Nacionales.