La Contraloría de Los Lagos detectó posibles irregularidades en pagos realizados por la Corporación Municipal de Castro, en Chiloé, a empresas externas contratadas para recuperar subsidios asociados a licencias médicas. El monto objetado supera los $1.847 millones y corresponde a operaciones efectuadas entre 2022 y 2024.
El mecanismo consistía en que, durante la administración anterior, la entidad contrataba empresas externas para recuperar subsidios por incapacidad laboral de funcionarios que hacían uso de licencias médicas. Mientras la corporación continuaba pagando íntegramente las remuneraciones de esos trabajadores, las firmas realizaban las gestiones para obtener el reembolso desde Fonasa, isapres o cajas de compensación, cobrando porcentajes del 18% y 15% de los montos recuperados.
Sobre ese proceso se centró la revisión del organismo fiscalizador, que apunta a contratos suscritos con Finanzas Públicas SpA y Consultora Asesora Pyme SpA. Según el informe, se detectaron pagos sin respaldo suficiente, recuperaciones no acreditadas, diferencias entre los registros internos y los antecedentes entregados por las empresas, además de facturas con inconsistencias respecto de los registros del Servicio de Impuestos Internos.
Contraloría remitirá antecedentes a Fiscalía, CDE y SII
Contraloría informó que formulará un reparo por más de $1.847 millones y remitirá los antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado y al Servicio de Impuestos Internos, para que se determinen las eventuales responsabilidades.
Frente al informe, el alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, sostuvo que la actual administración ha colaborado desde el inicio con las diligencias. Agregó que el objetivo ha sido transparentar ante la comunidad la situación en que se encontraba la corporación al asumir la nueva gestión, junto con fortalecer los controles internos y el uso de los recursos públicos.
“Hemos actuado con total transparencia, colaborando con los organismos fiscalizadores y entregando todos los antecedentes requeridos durante este proceso. Nuestro compromiso ha sido y seguirá siendo una gestión responsable de los recursos públicos basada en la probidad, transparencia y rendición de cuentas”, afirmó el jefe comunal.
Posteriormente, el secretario general de la Corporación Municipal de Salud de Castro, Daniel Navarro, explicó que el caso se refiere exclusivamente a empresas contratadas para recuperar subsidios por incapacidad laboral y aclaró que no tiene relación con los casos de licencias médicas conocidos a nivel nacional. Añadió que la entidad ha colaborado durante todo el proceso e incluso presentó antecedentes ante la Fiscalía antes de conocerse el informe final.
Navarro agregó que uno de los efectos más complejos son los 11 juicios ejecutivos y embargos derivados de facturas vinculadas a estas empresas por cerca de $800 millones, los que —según afirmó— comprometen recursos destinados al funcionamiento de la salud municipal.
Por su parte, la jefa de la Unidad Jurídica de la Corporación Municipal, María Maceiras, indicó que la investigación penal continúa en desarrollo y que será la Fiscalía la encargada de determinar si existen responsabilidades. Junto con eso, precisó que la corporación amplió la querella presentada contra una de las empresas para incluir a la segunda firma involucrada y que continuará aportando información a los organismos competentes.
Exalcalde citado a declarar
El concejal Ignacio Álvarez señaló que el informe habría constatado presuntos pagos de facturas sin acreditar la prestación efectiva de los servicios, además de eventuales facturas falsas y pagos a cuentas personales. También advirtió que los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público, al Servicio de Impuestos Internos y al Consejo de Defensa del Estado.
La autoridad destacó que “se está haciendo justicia porque, de manera conjunta, la Fiscalía acogió la solicitud de citar a declarar al expresidente de la Corporación de Castro, exalcalde; a sus exsecretarios generales y al exdirector de Finanzas de la Corporación Municipal de Castro”.
La actual administración informó, además, que implementó nuevos procedimientos administrativos, manuales de control y mecanismos de supervisión para reforzar la gestión interna y evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a repetirse, mientras continúan las diligencias judiciales y administrativas derivadas del informe de Contraloría Los Lagos.
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