Un requerimiento para que la comisión de Salud del Salud interceda ante Fonasa por la falta de regulación en la atención para pacientes renales, efectuó la Asociación de Dializados y Trasplantados. En el encuentro desarrollado de forma telemática, los invitados de la agrupación argumentaron que la actual licitación no considera normas y continúa con las deficiencias que han denunciado.

La Asociación de Dializados y Trasplantados solicitó a la comisión de Salud del Senado interceder ante Fonasa, por la falta de regulación en la licitación de atenciones para pacientes renales.

A nivel nacional 24 mil personas requieren atención renal especializada. Pero para recibir tratamiento las brechas en el sistema de salud son amplias, considerando que un 87% de la oferta del servicio está a cargo de privados y solo un 13% en el público.

Sin embargo, es en el sector privado donde las asociaciones critican los servicios que ofrecen, por lo que desde hace un par de años piden a Fonasa mejorar las licitaciones, según sostiene el presidente de los Dializados y Trasplantados de Osorno, Juan Moreno.

Considerando que actualmente hay un proceso de licitación de servicios de peritoneo y hemodiálisis en curso y que el Estado destina 10 millones de pesos anuales para cada paciente, las asociaciones solicitaron a la comisión de Salud del Senado interceder.

El presidente nacional de la Asociación de Dializados y Trasplantados, Miguel Vargas, indicó que la actual licitación no considera normas y continúa con las deficiencias que han denunciado.

A la cita de carácter telemática para los invitados, estaba convocado el director nacional de Fonasa, Marcelo Mosso, quien debía informar sobre las modificaciones solicitadas en la actual licitación, sin embargo, a través de su jefe de gabinete se excusó de asistir indicando que la licitación se encuentra en etapa de recepción de ofertas, y que sus declaraciones podrían afectar el proceso.

La Contraloría ya tomó razón de la licitación, por lo que al no estar las solicitudes dispuestas en la normativa, desde las asociaciones prevén que será difícil que la Superintendencia de Salud pueda obligar a las empresas a cumplir con un servicio de calidad.