La directora regional del Senadis confirmó una lentitud en la aplicación de la ley 20.422, de accesibilidad universal en edificios antiguos públicos y privados que deben contar con la normativa en Osorno.

La ley entró en vigencia en marzo y establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, en cuanto a la accesibilidad en edificaciones públicas, con atención a público o de uso colectivo e incluidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

Ante esto, la directora regional Jessica Droppelmann, aseguró que existe una brecha en cuanto a la aplicación de la ley en edificios, que son de una data antigua que no han podido ir mejorando las condiciones de accesibilidad, asegurando eso sí que en cuanto a la disposición de nuevas construcciones, esta si está en norma.

De igual manera invitó a las personas que se vean vulneradas en los derechos, que competen con la ley a realizar las denuncias ante el juzgado de policía local.

Las multas asociadas al no cumplimiento de la Ley, en cuanto a la normativa de accesibilidad, están entre las 10 y las 240 UTM, donde se arriesga incluso la clausura de la infraestructura.