En prisión preventiva quedó un cabo segundo del Ejército, perteneciente a la dotación del Destacamento Tucapel de Temuco, investigado por infracciones a la venta de armas y explosivos militares. Esto luego de que en su casa fueran encontradas municiones de alto calibre, de fogueo, granadas de gas lacrimógeno y elementos para elaborar explosivos.
Según información que maneja Radio Bío Bío, se indaga si es que entre las armas que habría vendido el uniformado, están las utilizadas en un robo a una sucursal bancaria en Teodoro Schmidt en 2018, donde murió un vigilante de seguridad.
El fiscal del Ministerio Público en Temuco, Cristian Voullieme, inició en el Juzgado de Garantía una investigación respecto del efectivo militar, quien se desempeña como instructor de dicho destacamento.
Voullieme señaló que las indagatorias comenzaron por varios delitos, todos en el marco de la violación a la ley de control de armas.
El fiscal precisó que en la vivienda del imputado se encontraron 250 cartuchos de fusil a fogueo calibre 5.56 y 7.62, que si bien en sí no generan mayor daño, sí lo puede hacer la pólvora que contienen.
El fiscal Voullieme agregó que la detención del uniformado deriva de antecedentes de un testigo protegido en otra investigación criminal.
“No fue algo casual, cuadraba la investigación por venta de armas“, manifestó el fiscal, añadiendo que el imputado habría proveído armamento a grupos delictivos.
El fiscal declinó precisar de qué indagatoria se trata, pero los antecedentes que maneja Radio Bío Bío permiten anticipar que corresponde a la investigación derivada del asalto al BancoEstado en Teodoro Schmidt, donde murió el vigilante de la sucursal.
La defensa del imputado, quien fue presentado de civil a la audiencia y cuya identidad no se puede difundir, fue asumida por el abogado Guillermo Cáceres, quien desestimó todas las imputaciones, anticipando que apelará a la brevedad por la medida cautelar aplicada al uniformado.
De acuerdo a lo señalado por Cáceres, su defendido al ser instructor tiene material en desuso y asignado, por lo que “el pecado cometido por él es mantener este material en su domicilio” y que jamás lo comercializó.
Por este hecho, la jueza de Garantía, Leticia Oyarce, aplicó la medida cautelar de prisión preventiva para el uniformado, disponiendo su ingreso en esta condición al Destacamento Tucapel, autorizando cuatro meses de plazo para el cierre de la investigación.
En tanto, desde el Destacamento de Montaña Tucapel y a través de un comunicado, manifestaron que la unidad está prestando la colaboración necesaria para el pronto esclarecimiento de los hechos, además de que se encuentra en desarrollo un sumario para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
