Nuevos detalles salen a la luz del presunto femicidio de Yulisa Cerda en La Serena, joven de 22 años que murió esta semana tras recibir dos disparos que habrían sido propinados por su pareja de 24. En específico, se dio a conocer que Cerda había realizado previamente tres denuncias ante Carabineros.

“Aquí el ente persecutor no hizo la pega, y no tengo problema en decirlo públicamente porque aquí hubo una negligencia. Aquí la persona fue a hacer la denuncia en diciembre, después en enero, y después en febrero, pero no se hizo nada”, reveló la seremi de la Mujer y Equidad de Género en la región de Coquimbo, Ivón Guerra, a Diario El Día.

Tras las denuncias, se habían programado audiencias para el 9 y el 30 de abril. Sin embargo, debieron postergarse a causa de la emergencia sanitaria por coronavirus.

Pese a ello, profesionales del rubro señalan que, en este tipo de casos, “el Fiscal podría usar la figura del artículo sexto del Código Procesal Penal, que es el deber cautelar, que obliga la ley al Ministerio Público velar por la seguridad de la víctima durante todas las etapas del procedimiento (…) Pero esto nunca se realiza básicamente porque se piensa que el deber de proteger a la víctima sólo comienza con la audiencia de formalización”.

La seremi Ivón Guerra contó que “se consideró como algo leve, porque se hizo una mala lectura de la pauta de riesgo y no se tomó en cuenta quién era ni lo peligroso del sujeto agresor, por eso a nosotros no se nos informó nada, teniendo casas de acogida en donde le podemos dar protección a estas mujeres, nosotros como ministerio, entonces, ¿cómo no nos va a dar rabia lo que ocurrió?, ellos debieron dar una protección adecuada”.

En esa línea, la seremi reveló que sostuvo una conversación con el fiscal regional, Adrián Vega, donde, según Guerra, le habría reconocido el error.

Por lo mismo, la representante del ministerio en la región le solicitó que se realizaran las investigaciones internas en la institución para que hubiese sanciones reglamentarias.

“Esto no puede seguir ocurriendo, las pautas de riesgo no se ejecutaron bien, no se activó nada en la Unidad Regional de Atención a Víctimas, entonces no funcionó el sistema y alguien tiene que asumir”, indicó, agregando que “ya se están tomando acciones como ministerio a nivel nacional”.

Amigos y colegas

Yulisa se desempeñaba en una sucursal de ProVida en el centro de La Serena. Ahí, una de sus colegas y amigas más cercana fue Tabita Ortiz, quien contó que el deceso de la joven fue una perdida inmensa para todos.

Tal fue el impacto, que el martes por la mañana, cuando se enteraron de lo sucedido, el local se cerró, pues el equipo no se encontraba en condiciones de seguir trabajando.

Según el relato de Ortiz, ésta conocía muy bien la situación de Yulisa. Cuenta que muchas veces la vio llegar con moretones en su rostro y marcas en sus brazos, por lo que, durante un tiempo, acogió a la joven en su casa.

“Es increíble que esto haya pasado. Yo fui testigo de que ella efectuó las denuncias, pero qué más podía hacer, si después de haber recurrido a la justicia tiene que esperar meses para que la citen a un tribunal y en todo ese lapso el hombre está suelto, y puede hacer lo que quiera. Creo que aquí la justicia no ayudó a mi amiga”, contó.

Desde el Ministerio Público, sostuvieron que no se realizará ninguna declaración “mientras no se desarrolle la investigación del femicidio” y se insistió en que el Ministerio Público presentó requerimientos para juicio en Juzgado de Garantía, derivados de las denuncias, según recogió El Día.

Amplio prontuario

El presunto autor del crimen se entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) acompañado de su abogado. Según la información disponible, el sujeto mantenía un prontuario de 33 causas.

La realización de la audiencia de control de detención del hombre fue fijada para la jornada de este jueves y se realizará en el Juzgado de Garantía de La Serena.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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