Mario Henríquez, el hombre sindicado como el autor del asesinato de la joven illapelina Francisca Astudillo Avilez, estuvo más de un año prófugo de la justicia. Los intentos por atraparlo fracasaron en más de una oportunidad, por lo mismo capturarlo era una obligación.
Pero la búsqueda se había estancado. Simplemente el imputado desapareció. Por cerca de 6 meses se le había perdido la pista.
Quizás agotado de tanto huir, cansado de vivir oculto en los cerros y con un dejo de tranquilidad por estar en una ciudad donde era un desconocido, finalmente bajó la guardia. Salió a la calle como cualquier ciudadano. Se expuso a la comunidad como si la justicia no lo buscara. Finalmente esa osadía le costó su detención.
Henríquez intentaba hacer una vida normal. Descuidado por las calles de una ciudad de la Región de Valparaíso, fue visto por un hombre que había trabajado en Illapel y conocía de sus andanzas. Esa casualidad gatilló su arresto. Ese cruce inesperado, es lo que finalmente lo pondrá tras las rejas.
Esta trágica historia comenzó hace 14 meses, lapso de tiempo en que Henríquez agredió fatalmente a Francisca, huyó exitosamente de la policía, se ocultó y sobrevivió en los cerros del Choapa cazando fauna silvestre y fijó residencia en La Calera. No solo eso, sino que como detallaremos más adelante, incluso encontró trabajo.
Mario Henríquez, es el único imputado por este asesinato. Según todos los actores no hay dudas sobre su responsabilidad. Tanto la Policía de Investigaciones, PDI, como la Fiscalía e incluso la Defensoría reconocen en Henríquez la autoría del crimen. “La discusión en este juicio va a ser la calificación jurídica del hecho” precisó el fiscal del caso, Andrés Villalobos Squella.
Motivación del crimen
Francisca era una joven madre illapelina (28 años) que murió degollada en noviembre de 2015 en el centro de la capital del Choapa en manos de un sujeto, que según detalla Villalobos Squella, se encontraba obsesionado con su persona.
“Esta obsesión era por estar con ella. Eventualmente tenía la fantasía de mantener una relación sentimental” comentó al Diario El Día el persecutor. Idea que también comparte quien inicialmente tomó la defensa del imputado, la abogada Patricia Flores Parra. “Él en su mente tenía una relación, no tenemos claro de qué tipo porque aún no ha declarado”.
No obstante aquello y pese a la postura del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Sernameg, este homicidio no podrá ser tratado como femicidio, dado que la supuesta relación no pasaba de ser una fantasía de Henríquez, dato al que se le suma que Francisca era pareja de otro hombre, con el cual además tenía 2 hijos pequeños.
La abogada del Sernameg y quien patrocina la querella en representación de la madre de Francisca, Natalia Honores, explicó que “para nosotros (Sernameg) lo que ocurrió con Francisca es un femicidio, pero legalmente no se contempla esa figura, porque el Código Penal señala que para constituir femicidio debe existir una relación de pareja, ya sea cónyuges, ex cónyuges, convivientes y ex convivientes, por lo tanto dentro de la tipificación penal, lo que ocurrió es un homicidio”.
La vida de Francisca fue dura. Hasta su trágica muerte se suma un sinnúmero de vulneraciones.
“Ella siempre estuvo inserta en un ambiente privado en materia social, económica y cultural” explicó Carolina Rojas Galleguillos, educadora que trabajaba con la familia bajo el alero del Programa de Prevención Focalizada, PPF, del Servicio Nacional de Menores, quien además agrega que con su última pareja, papá de sus 2 hijos, fue con quien tuvo la oportunidad de tener una familia y aunque nunca habría dejado los servicios sexuales, los cuales eran pocos y mantenía en secreto, logró ser una mamá funcional. A juicio de Rojas, Francisca “quería un futuro distinto para ellos y en especial para sus hijos”.
Según la investigación, la víctima -quien se dedicaba al comercio sexual- al momento de ser malograda, prestaba servicios a otro hombre. “Probablemente al haberla visto con un tercero, provocó esta reacción iracunda que terminó con la vida de la víctima” manifestó el fiscal. Al igual que la defensora quien comentó que “le habría dado un ataque de celos y producto de ese estado emocional se produce este hecho”.
En este punto Flores Parra hace referencia a que la normativa vigente señala como atenuante de este tipo de crímenes, la obcecación, es decir que el victimario actuó cegado por la rabia o los celos, argumento que fue utilizado en un polémico caso ocurrido durante el 2016 en Ovalle.
El miércoles 11 de enero de 2017 se informó que el caso será tomado por el defensor local de Ovalle, Gerardo Tagle.
Mario Henríquez, fue formalizado por homicidio simple, por lo que arriesga una condena de diez años y 1 día, situación que el otro abogado querellante, perteneciente al programa de protección a la mujer, Makallay (convenio Sernameg y Municipalidad de Illapel) Felipe Sepúlveda, espera se pueda variar a lo largo de la investigación.
El objetivo es que la pena sea mayor “en virtud de las declaraciones de los testigos creemos que es posible acusarlo de homicidio calificado y con ello obtener una pena más alta”.
Ambos abogados querellantes, Honores y Sepúlveda, no obstante declinaron dar a conocer cuales serán los argumentos y estrategias que utilizarán para aquello.
Un paso más adelante
El jefe de la Brigada de Criminalística de la Policía de Investigaciones, PDI Illapel, Hugo Miranda, lideró la persecución. No fue fácil, tanto así que reconoce que se les escapó en 3 oportunidades. Solo horas después de que Henríquez fue atrapado, el funcionario policial admitió públicamente que éste siempre estuvo un paso adelante “él conocía el sector montañoso de Illapel. En eso nos llevaba una ventaja”.
En entrevista con diario El Día, Miranda comentó que vivía en los cerros “fuimos en varias oportunidades, pero tenía un puesto de vigilancia, cuando veía venir un vehículo huía”. El policía detalla que incluso intentaron llegar al lugar en un camión aljibe que reparte agua potable en el sector, pero que el imputado sospechó y como de costumbre huyó, haciendo imposible su captura. Asimismo se conoció que efectivos llegaron de noche y caminando hasta el sector donde supuestamente se ocultaba como una forma de evitar ser detectados, sin embargo siempre se retornó al cuartel sin éxito.
El imputado estuvo al menos 8 meses oculto entre los cerros. En ese tiempo, según habría comentado el propio Henríquez, sobrevivió comiendo cabritos y cazando liebres, conejos y pájaros, prácticas que según se comenta habría adquirido desde niño, época en que pasaba semanas en solitario cuidando el ganado de la familia.
El personero policial enfatizó que los innumerables rumores de apariciones en poblaciones y localidades -lo que a su juicio respondía a una especie de sicosis colectiva por resultar todos falsos- aumentaban la presión por atraparlo y asimismo entorpecían la investigación. De manera enfática recordó que la labor de la PDI permitió conocer apenas sucedido el crimen quien era el autor “en base a los testigos. Desde un principio teníamos identificada a la persona. Un imputado que había dado a la fuga”.
Prioridad Gubernamental
El Gobernador de Choapa, Patricio Trigo Rocco, manifestó que efectivamente el caso de Francisca Astudillo era una prioridad para el gobierno.
“Cada semana y en reuniones de los comité policial este tema siempre fue prioridad, porque era un caso emblemático para Illapel (…) En comunas pequeñas, un caso así marca mucho la agenda. Hubo miedo en la comunidad porque se decía que se veía en una u otra localidad, por lo tanto dar con el paradero y que se encuentre tras las rejas da tranquilidad a la comunidad y a la familia que vivía con temor”.
Miranda insiste que el sujeto conocía a la perfección el sector, tanto así que deambulaba entre Illapel y Salamanca, siendo lo más sorprendente que viajó a pie hasta el lugar donde fue finalmente detenido. “Se fue caminando de Illapel a La Calera. Tardó un mes y medio en llegar a su destino, donde estuvo por al menos 6 meses” comentó Miranda.
Lo que lo delató
Henríquez fue reconocido en La Calera por una persona que años atrás había residido en Illapel. Lo identificó sobre un vehículo del cual tomó la patente y posteriormente entregó a la PDI. El denunciante sabía que era un delincuente, pero no así que estaba relacionado con el asesinato de Francisca.
En 2002 Henríquez cayó preso por violar a su hija y llevaba tan solo 6 meses libre al momento de quitarle la vida a la joven illapelina. Como no había certeza de la identidad, fue un apodo, el que acotó el círculo. El denunciante -de quien se protege su identidad- lo señaló como “el pelao”.
A partir de ese minuto se disiparon las dudas. Efectivos de Illapel viajaron para ser parte del operativo, no obstante y por su ya conocida habilidad para huir, el arresto se produjo antes del arribo de estos.
Si bien, llevaba 6 meses en La Calera, este se encontraba hace pocos días trabajando de albañil en una casa particular. Para detenerlo la PDI ingresó en el vehículo de la dueña de la casa, por lo tanto “el pelao” no tuvo ningún tipo de reacción.
“Como se dice en la jerga policial, lo pillamos pato. Él dijo que no quería seguir escondiéndose. Según la investigación, las evidencias, las declaraciones de testigos y otras pericias, Henríquez es el responsable, ahora son los tribunales quienes deben determinar si las pruebas son suficientes”, insistió Miranda.
Condena
Solo 30 días de investigación otorgó la jueza Andrea Rojas Cortés, para un caso que según todos los actores debería terminar con Mario Henríquez en la cárcel. Inicialmente fue calificado como homicidio simple por lo que debería cumplir al menos 10 años privado de libertad e incluso más según el fiscal.
Andrés Villalobos, dado el contexto que abarca la muerte de Francisca, incide la extensión del mal causado. Es distinto que la persona muerta sea de avanzada edad y que no tenga familia, respecto a una mujer joven que tiene hijos pequeños”.
Con un panorama tan oscuro como el descrito, Henríquez espera el juicio que lo volverá a poner tras las rejas y resarcirá el daño provocado a familia de Francisca y en especial a sus hijos.
Un paso al costado
La defensora Patricia Flores Parra, desistió del caso debido a que en el ejercicio de su cargo también defiende a familiares de Francisca, situación que consideró como conflicto de intereses, por tal razón deberá asumir esta labor el defensor jefe de Ovalle, Gerardo Tagle.
“Hemos tenido a Francisca como usuaria y también al hermano de ella, así como a la familia de la pareja que tenía al momento de los hechos, para nosotros es complicado porque los testigos del Ministerio Público han sido usuarios nuestros, y para asegurar la mayor objetividad en la defensa es que optó por pedir a la Defensoría Regional que designara otro defensor” concluyó Parra.
Traslado por seguridad
En atención a que en la cárcel de Illapel hay familiares y amigos de Francisca, el tribunal acogió la solicitud de la defensa para que el imputado cumpla la prisión preventiva en La Serena, esto de manera de garantizar la integridad de Henríquez.
“La víctima tenía arraigo en la comuna de Illapel y hay personas que la conocían, incluso familiares que han estado privados de libertad en el Centro de Detención Preventiva de Illapel, entonces en una cárcel pequeña, que el imputado sea sujeto a una medida cautelar de prisión preventiva con gente que evidentemente estaba relacionado con la víctima ya sea como familiar o amistad, pone en riesgo la integridad física del imputado, y el tribunal -a petición de la defensa- es el encargado de garantizar la seguridad de este y que en el fondo esté privado de libertad para que asuma su responsabilidad en un juicio y no que se haga justicia por los familiares al interior de una cárcel” señaló el fiscal Andrés Villalobos.
Cambios legislativos
La abogada del Sernameg, Natalia Honores, señala que insistió que pedirán que las penas sean más altas de lo que contempla el Código Penal en relación al homicidio de Francisca ”porque existe violencia de género. Nuestra línea es que toda violencia contra la mujer debe ser sancionada, por el solo hecho de que es mujer”.
En esta misma línea la directora regional del Sernameg, Marcela Carreño, hizo presente la necesidad de hacer cambios legislativos “se requiere hacer las modificaciones correspondientes para que se amplíe el concepto de violencia de género para que situaciones como estas sean tipificadas como femicidio”.
