La Corporación Nacional Forestal (Conaf) concurrió hasta la Contraloría General de la República por una posible instalación de una antena de telefonía en la reserva nacional Jeinimeni.
Según el Diario de Aysén esto fue aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la región.
El medio agrega que fue el director regional de COnaf, Leonardo Yáñez quien el 5 de julio envió un oficio cuestionando la aprobación de esta medida, que consta de una torre de 30 metros en el área de Lago Tranquilo / Las Horquetas (paso las llaves), al interior de dicha área protegida.
Esta intervención constaría de unos 400 m2 de los cuales 245 serían obras permanentes.
El proyecto ingresó en noviembre de 2016 como declaración de impacto ambiental, pese a que el artículo 11 letra D de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente obliga a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, y no solamente una declaración.
En un pronunciamiento definitivo de Conaf, en su calidad de órgano administrador del terreno fiscal, observó que el proyecto le daría “un uso distinto a una porción de esta área silvestre protegida” por lo cual “la actividad propuesta a realizar está fuera de los fines para los cuales son creadas las reservas nacionales”.
Esto contraviniendo expresamente lo dispuesto tanto en la legislación sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado como en la Ley de Bosques.
En este sentido, explicaron que la única forma de intervenir un territorio protegido para fines distintos al instituido por la norma es solicitar su desafectación.
Aprobación del proyecto
La iniciativa de instalar la antena fue impulsada por la empresa Movistar, siendo aprobada por el intendente (s) Marcio Villouta, el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental Claudio Aguirre, y los seremis de Medio Ambiente Susana Figueroa, Energía Juan Antonio Bijit, Vivienda y Urbanismo Gabriela Retamal, Transportes y Telecomunicaciones Alejandra Aguilar, Obras Públicas Mario Villouta y Minería (s) Juan Antonio Bijit.
El único voto en contra fue el del seremi de Agricultura Horacio Velásquez.
“Si bien el proyecto está aprobado ambientalmente, nos queda la duda respecto a los procedimientos administrativos que involucran a entidades del Estado de Chile y que obviamente tiene consecuencias futuras” explicó Yáñez al medio local.
Agregó que se trata de una empresa privada que persigue otro tipo de intereses en un área silvestre protegida. Esto apunta que si se aprueba esta iniciativa, se abre la puerta a todo tipo de intervenciones futuras en territorios que el Estado ha decidido cautelar.
Por este motivo el servicio informó que en su opinión no cuenta con “facultades ni la autoridad para admitir que se le dé a un bien público un uso diferente al definido por la legislación vigente y aplicable a las ASPE, y destinado por la Nación a través del Estado”.
Mientras no exista un pronunciamiento de la Contraloría, Conaf “no autorizará tales faenas”. La reserva nacional Jeinimeni es una de las áreas protegidas que integrarían el futuro Parque Nacional Patagonia, compromiso presidencial.