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El Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente para seguir investigando el caso Procultura, tras acoger la solicitud de incompetencia presentada por las defensas de los imputados Alberto Larrín y María Gómez. En este caso se investigan seis delitos de apropiación indebida en perjuicio del Gobierno Regional de Antofagasta. Las defensas argumentaron que los hechos se originaron en Santiago, específicamente en Las Condes, donde se firmaron los contratos objeto de la investigación.
Tras acoger el incidente de incompetencia planteada por las defensas de los imputados Alberto Larrín y María Gómez, el Juzgado de Garantía de Antofagasta se declaró incompetente para seguir con la investigación del caso Procultura.
Recordemos que en este caso se están investigando seis delitos de apropiación indebida en su modalidad de distracción, en perjuicio del Gobierno Regional de Antofagasta y de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Regional de Vivienda y Urbanización de la misma región.
Las defensas cuestionaron que el principio de ejecución fuera realmente en Antofagasta y sostuvieron que comienza con la firma de unos convenios en la comuna de Las Condes.
“Considerando que los hechos por los que han sido encausados sus representados tuvieron siempre su origen en la ciudad de Santiago, en la comuna de Las Condes, que es el lugar desde donde se suscribieron todos los contratos por los que está siendo cursada la investigación respecto de la fundación”, se argumentó.
El tribunal acogió esta tesis. De esta manera, en la resolución se ordenó la remisión inmediata de la totalidad de los antecedentes al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en la región Metropolitana.
Esto, argumentando que es el tribunal territorialmente competente en conformidad al artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales para conocer de los hechos materia de la investigación, por encontrarse allí el lugar donde se inició la ejecución de los ilícitos imputados.
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Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por
lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia
dicte sentencia en su contra. (Artículo 04 del Código Procesal Penal)
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