Un “juicio político” es el que denunció el exministro de Minería y de Obras Públicas, Laurence Golborne, quien fuera formalizado este miércoles por delitos tributarios.
A Golborne se le atribuye haber gestionado la emisión de boletas a Penta y otras empresas para pagar sus gastos de campaña presidencial y senatorial por cerca de 370 millones de pesos.
Para él la Fiscalía había solicitado arresto domiciliario total. Sin embargo, el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Carlos Valdés, determinó dejarlo con firma quincenal y arraigo nacional.
A la salida del Centro de Justicia, Golborne aseguró que tras conocer que era indagado, “inmediatamente me puse a disposición de los tribunales” y sostuvo que “asumí mi responsabilidad tanto legal como política”.
Siguiendo la línea de lo que indicó su abogado durante la audiencia por la disparidad de criterios a la hora de la persecución de delitos tributarios, el exministro estimó que “aquí existe un juicio político, donde se está acusando de manera distinta a distintos actores” y agregó que demostrará en tribunales que no ha incurrido en ilícitos.
Descartó también que las conversaciones para arribar a un juicio abreviado hayan tenido un avance grande. “No es efectivo, yo no he aceptado reconocer delitos tributarios que no he cometido“, dijo al ser consultado por la prensa sobre las palabras del fiscal nacional Jorge Abbott, quien ayer martes confirmó las conversaciones.
Respecto a la solicitud de financiamiento a empresas cuando apuntaba a ser la carta promovida por la UDI para las elecciones presidenciales, sostuvo que en ese entonces “no existía un mecanismo de financiamiento para las precampañas”.
