Mañana jubilan 35 notarios y conservadores mayores de 75 años: hay quienes aún buscan frenar su salida

El sistema de jubilación forzosa está a la vuelta de la esquina. A solo horas de que comience a regir el límite de 75 años para ejercer como notario, conservador o archivero, 35 auxiliares de la justicia dejarán sus cargos a partir de este viernes, es decir, mañana.

Esto forma parte de uno de los principales efectos de la reforma al sistema notarial y registral.

Se trata de profesionales que tienen, en promedio, 81 años y que deberán pasar a retiro en virtud del artículo segundo transitorio de la Ley 21.772. Los decretos que formalizan sus respectivos ceses ya fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario Luis Silva.

En esta lista, a la que pudo acceder BioBio, figuran los nombres de todos los notarios y conservadores que deberán dejar sus cargos este viernes:

1. Luis Maldonado — Conservador de Santiago — 81 años
2. Linda Bosch — 20ª Notaría de Santiago — 76 años
3. Eduardo Díaz — 34ª Notaría de Santiago — 79 años
4. Juan San Martín — 43ª Notaría de Santiago — 80 años
5. Juan Facuse — 1ª Notaría de Santiago, con asiento en Macul — 85 años
6. Esteban Ejsmentewicz — Conservador de San Miguel — 76 años
7. Eugenio Camus — 3ª Notaría de Puente Alto — 78 años
8. Amelia Gálvez — Conservador y Archivo de San Bernardo — 78 años
9. Rosemarie Mery — 1ª Notaría y Conservador de Melipilla — 76 años
10. Néstor Araya — 3ª Notaría de Iquique — 78 años
11. Enso González — Conservador y Archivo de Pozo Almonte — 80 años
12. Julio Abasolo — 2ª Notaría y Conservador de Antofagasta — 81 años
13. Cesira Figari — Conservador y Archivo de Coquimbo — 88 años
14. Salvador Serey — Conservador y Archivo de Illapel — 83 años
15. Ricardo Valderrama — Conservador de Valparaíso — 84 años
16.Carmen Escobillana — Conservador de La Calera — 79 años
17. Lidia Chahuán — Notaría de La Calera — 80 años
18. Alina Morales — Conservador de La Ligua — 82 años
19. Alfonso Barrientos — Conservador y Archivo de Los Andes — 96 años
20. Ítalo Vani — Conservador de San Felipe — 85 años
21. Jorge Carvallo — 2ª Notaría y Conservador de Santa Cruz — 81 años
22. Pedro Domínguez — 1ª Notaría de Curicó — 83 años
23. César Fuentes — Conservador y Archivo de San Carlos — 87 años
24. Lautaro Riesco — Conservador y Archivo de Yungay — 80 años
25. Raúl Leiva — Notaría, Conservador y Archivo de Quirihue — 80 años
26. Ramón García — 7ª Notaría de Concepción — 82 años
27. Omar Retamal — 1ª Notaría de Talcahuano — 85 años
28. David Garretón — Conservador y Archivo de Los Ángeles — 76 años
29. Juan Antonio Puga — Notaría, Conservador y Archivo de Laja — 80 años
30. Hugo Marín — Notaría, Conservador y Archivo de Collipulli — 85 años
31. María Elena Pezoa — Conservador y Archivo de Curacautín — 83 años
32. Heriberto Barrientos — 3ª Notaría de Puerto Montt — 83 años
33. Benjamín Vergara — Conservador y Archivo de Puerto Varas — 79 años
34. Ricardo Fontecilla — 2ª Notaría de Puerto Varas, con asiento en Llanquihue — 75 años
35. Onofre Silva — 1ª Notaría de Punta Arenas — 78 años

La salida de estos funcionarios no significa que los oficios quedarán sin atención. La normativa contempla que sean reemplazados por interinos mientras el Servicio Civil desarrolla los concursos para escoger a los nuevos titulares.

En las distintas regiones ya comenzaron a emitirse los decretos que establecen el orden de prelación para esas subrogancias.

Hay quienes buscan evitar su salida

Mientras se prepara este cambio, un grupo de cinco notarios y conservadores intenta evitar judicialmente el cese. Se trata de Luis Maldonado, del Conservador de Santiago; la notaria de Melipilla, Rosemarie Mery; el conservador de Pozo Almonte, Enso González; la notaria de Las Condes, Linda Bosch; y la notaria de La Calera, Lidia Chahuán.

En el caso del Conservador de Santiago existe una situación particular. La ley estableció un mecanismo especial para que, ante la ausencia de uno de los titulares, sea reemplazado por los otros conservadores de acuerdo con su antigüedad. Esto significa que Carlos Miranda quedará a cargo de los tres oficios de Santiago, considerando además que Kamel Saquel ya no se encuentra ejerciendo.

Todos recurrieron a la justicia civil invocando la Ley Zamudio y sosteniendo que la aplicación del límite de edad constituiría una discriminación arbitraria. En el caso de Maldonado, la jueza Claudia Veloso requirió al Tribunal Constitucional la inaplicabilidad del artículo 6, letra b), de esa legislación, lo que abrió la causa ante el TC.

El organismo constitucional ya había admitido a trámite el requerimiento y suspendido la gestión pendiente ante la justicia civil, pero esa decisión no significó suspender el cese establecido por la reforma notarial.

Por eso la defensa de Maldonado, encabezada por el exministro del TC Gonzalo García, pidió una medida adicional para impedir que el acto administrativo que formaliza su salida se haga efectivo antes de que el Tribunal pueda pronunciarse.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional revisó este miércoles los requerimientos vinculados a Maldonado, Mery y González. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había comunicado una resolución que suspendiera provisionalmente los ceses, por lo que los decretos siguen adelante y la fecha fijada por la ley se mantiene.

Desde el ámbito jurídico, el exministro de Justicia y académico de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo, sostiene que la reforma sí contempló un período de transición y que los plazos permitieron preparar la salida de quienes superaban los 75 años.

Desde la Asociación de Notarios, Archiveros y Conservadores, su presidente Carlos Miranda reconoce que el límite de edad fue establecido por el legislador y que debe aplicarse, aunque sostiene que quienes consideren vulnerados sus derechos tienen la posibilidad de acudir a los tribunales.

Para la mayoría de los 35 afectados, la salida ya está formalizada y dará paso a interinatos mientras se realizan los concursos.

Para los cinco que decidieron recurrir a tribunales, en cambio, el futuro de sus cargos todavía depende de las resoluciones que adopten los tribunales civiles y el Tribunal Constitucional.