Apocalipsis desnuda la crisis de Gendarmería: corrupción, gremios y una reforma bajo examen

La Operación Apocalipsis dejó al descubierto una red que habría movido más de $6.300 millones, involucró a más de 40 gendarmes y ahora alcanzó a uno de los dirigentes más poderosos que tuvo la institución. Se trata de un golpe que ocurre justo cuando Gendarmería acaba de cambiar las reglas con las que funcionó durante décadas.

Y es que desde abril la institución ya no depende de Justicia, sino que comenzó su tránsito hacia el Ministerio de Seguridad. Tampoco existen las asociaciones gremiales ni los fueros de sus dirigentes. Y el mando, al menos sobre el papel, tiene ahora mayor capacidad para ejercer control sobre sus funcionarios.

Por eso, Apocalipsis no solo obliga a preguntarse qué tan profunda es la crisis en Gendarmería. También instala una interrogante más incómoda: si parte de los obstáculos que durante años fueron identificados para ordenar la institución ya desaparecieron, ¿será suficiente para recuperarla?

El exdirector de Gendarmería Claudio Martínez cree que existe una oportunidad, pero parte por un diagnóstico severo.

“Este es un hecho que debemos considerarlo extremadamente grave. Y es un reflejo de la crisis en Gendarmería que tenemos que asumir como un hecho”, afirma.

No habla de irregularidades aisladas ni de algunas “manzanas podridas”, como se apunta generalmente para intentar bajar el perfil a lo sucedido. Habla derechamente de una crisis. Y los antecedentes conocidos permiten dimensionar por qué.

La primera Operación Apocalipsis apuntó a una estructura que, según la Fiscalía, operaba de manera estable dentro de Santiago 1 y el CPF de San Joaquín, con funcionarios, internos y civiles participando de un circuito para ingresar drogas, celulares, alcohol y otras especies prohibidas. La investigación estimó movimientos por más de $6.300 millones en tres años y dejó a más de 40 funcionarios bajo persecución penal.

Pero ahora, la investigación escaló un peldaño más.

El poder detrás de las rejas

Álex Vega no era cualquier funcionario, ya que fue durante años uno de los rostros de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), hasta que la organización desapareció por efecto de la reforma constitucional.

La Fiscalía investiga al exdirigente por cohecho agravado reiterado y lavado de activos. El análisis bancario detectó cerca de $248 millones en abonos en cuentas vinculadas a Vega entre 2020 y 2025, de los cuales unos $131 millones no tendrían justificación aparente. La indagatoria atribuye esos movimientos a una eventual estructura destinada a facilitar el ingreso de especies prohibidas a Santiago 1. Son antecedentes investigativos que todavía deben ser acreditados judicialmente.

Pero la dimensión institucional del caso va más allá del dinero. Esto, porque la Fiscalía también indaga antecedentes sobre una eventual manipulación de elecciones internas de la Anfup para mantener a Vega y su directiva en el poder. Según la investigación, integrantes de su círculo habrían incluso sustraído urnas con la finalidad de alterar una votación y asegurar su continuidad al frente de la organización.

Es ahí donde Apocalipsis comienza a cruzarse directamente con una de las decisiones más controvertidas tomadas este año sobre Gendarmería: la eliminación de los gremios.

Los gremios de Gendarmería ya no están

La reforma constitucional publicada en abril fue radical en ese punto. No estableció una transición ni restringió determinadas atribuciones de las asociaciones, sino que simplemente las eliminó.

“A contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile quedarán disueltas”, estableció el texto. Con ellas desaparecieron también la condición de dirigente y los fueros asociados a esos cargos.

La modificación buscó fortalecer la verticalidad del mando, la disciplina y la subordinación de una institución que pasó a integrar constitucionalmente las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Pero en el fondo, y tal como lo reconoció en su momento Cordero, era peligroso un “sindicato con armas”.

Cinco meses después, Apocalipsis entrega antecedentes que inevitablemente reabren aquella discusión.

Pero no porque la investigación permita concluir que los gremios fueran responsables de la corrupción en Gendarmería, sino porque uno de los dirigentes más influyentes de la antigua estructura gremial aparece ahora como imputado en una investigación que busca determinar hasta dónde llegaron las redes de corrupción instaladas dentro del sistema penitenciario.

Y eso cambia el escenario.

Para Martínez, de hecho, la desaparición de los gremios no constituye el final de la crisis, sino una oportunidad para comenzar a enfrentarla.

“El hecho de que se haya cambiado de ministerio y que se hayan disuelto los gremios debiera ser el punto de partida de la recuperación tanto del punto de vista de la operatividad y de la gestión de Gendarmería, como también de su condición ética fundamental en una función como la que cumple y la misión que le asigna el propio Estado”, sostiene.

Aquí es clave la expresión que utiliza el exdirector: punto de partida.

Y es que sacar los gremios puede eliminar una estructura capaz de tensionar decisiones del mando, pero evidentemente no elimina automáticamente la corrupción.

¿Una institución sin retorno?

Así las cosas, la magnitud de Apocalipsis abre inevitablemente la interrogante respecto a si el problema alcanzó una profundidad tal que Gendarmería ya cruzó un punto de no retorno.

No obstante, Martínez descarta ese escenario.

“Yo creo que este mismo hecho refleja que estamos a tiempo y en condiciones de recuperar a Gendarmería tanto del punto de vista operativo como ético”, afirma.

Sin embargo, su diagnóstico encierra una paradoja: que una investigación haya logrado penetrar una estructura de estas características revela la profundidad de la crisis, pero también demuestra que el Estado todavía tiene capacidad para detectarla y desarticularla.

El problema es qué ocurre después. Porque expulsar funcionarios corruptos resuelve responsabilidades individuales. Recuperar una institución requiere algo distinto: modificar los incentivos y controles que permitieron que esas conductas se desarrollaran durante años.

Y el caso Vega vuelve particularmente incómoda esa pregunta.

El exdirigente acumulaba al menos 11 procesos sumariales durante su carrera. Además, registra una condena de 2008 por apremios ilegítimos contra un interno de Colina II. Pese a ello, mantuvo durante años influencia dentro de Gendarmería y de la organización que representaba a parte importante de sus funcionarios.

La interrogante, entonces, no es solamente cómo pudo surgir una eventual red corrupta. Es cómo pudo sobrevivir.

Cambiar de ministerio no basta

Por otro lado, está la gran apuesta con el traspaso desde Justicia hacia Seguridad.

Recordemos que la reforma incorporó constitucionalmente a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad y estableció una nueva arquitectura, donde la custodia penitenciaria queda vinculada al sistema de seguridad, mientras Justicia conserva las responsabilidades relacionadas con reinserción social.

La lógica busca atacar una realidad evidente, ya que buena parte del crimen organizado no termina cuando sus integrantes entran a prisión.

Las organizaciones pueden seguir coordinando delitos desde las cárceles y necesitan para ello celulares, dinero, contactos externos y, en algunos casos, funcionarios dispuestos a colaborar, algo que investiga precisamente la operación Apocalipsis.

De esta forma, poner a Gendarmería bajo Seguridad puede mejorar la coordinación con las demás instituciones encargadas de enfrentar esas organizaciones. Pero especialistas ya advertían durante la tramitación que concentrar bajo un mismo ministerio a instituciones afectadas por problemas de corrupción también podía generar riesgos de “contaminación cruzada” si el cambio no iba acompañado de mayores estándares de control y fiscalización.

En otras palabras, cambiar el organigrama no cambia por sí solo una cultura institucional.

Y ahí las palabras de Martínez vuelven a ser relevantes. El exdirector habla de recuperar a Gendarmería desde el punto de vista “operativo”, pero también “ético”.

Lo segundo probablemente será bastante más difícil que lo primero.

Sin gremios, se acaba también una explicación

La desaparición de las asociaciones abre además un escenario particularmente exigente para las nuevas autoridades.

Durante años, el peso de los gremios fue presentado como uno de los factores que dificultaban el ejercicio del mando. Existían dirigentes con fuero, capacidad de presión y organizaciones capaces de enfrentarse públicamente con las autoridades. Pero ahora todo eso terminó.

Desde abril, las asociaciones están jurídicamente disueltas, desaparecieron los fueros gremiales y la reforma fortaleció expresamente la verticalidad, disciplina y subordinación dentro de Gendarmería.

Por lo tanto, si los gremios eran parte del problema, ahora ya no están.

Y eso significa que desaparece también una de las explicaciones disponibles para justificar las dificultades de intervenir la institución.

Las nuevas autoridades tendrán mayor espacio para trasladar funcionarios, modificar destinaciones, ejercer disciplina y reorganizar unidades sensibles. Pero, precisamente por eso, tendrán también mayor responsabilidad si las redes continúan funcionando.

La reforma entrega más mando y ahora Apocalipsis obliga a utilizarlo.

El verdadero examen de Gendarmería comienza después de Apocalipsis

Por eso, la operación puede terminar marcando un punto de quiebre mucho mayor que las detenciones conocidas hasta ahora.

Gendarmería enfrenta simultáneamente dos procesos. Uno judicial, destinado a determinar hasta dónde llegó la corrupción y quiénes participaron de ella.

Y otro institucional, probablemente más largo, destinado a demostrar si la estructura creada este año es capaz de evitar que aquello vuelva a ocurrir.

En ese sentido, Martínez cree que todavía existe espacio. “Estamos a tiempo”, sostiene.

Pero también advierte que la voluntad política no será suficiente y que recuperar Gendarmería necesitará un esfuerzo de todos los actores vinculados al sistema penitenciario y ahí está la verdadera prueba.

Porque si después de cambiar el ministerio, eliminar los gremios y fortalecer el mando las redes de corrupción consiguen sobrevivir, el diagnóstico será bastante más profundo: el problema nunca estuvo solamente en la estructura de Gendarmería, sino también dentro de ella.