El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ya tenía suficientes problemas antes de que el vocero de La Moneda, Gonzalo Arenas, decidiera abrir un nuevo frente con el Partido de la Gente. Una acusación constitucional en marcha, cuestionamientos por las rebajas de condenas y un Gobierno obligado a sacar cuentas en el Congreso configuraban un escenario suficientemente complejo para La Moneda.
Pero cuando el Ejecutivo necesitaba tender puentes, su propio vocero terminó tensando las relaciones con una de las bancadas que podrían resultar decisivas para salvar al secretario de Estado.
Y no fue precisamente un roce menor.
Durante una entrevista en Tolerancia Cero, de CNN Chile, Arenas cuestionó la identidad política del PDG, al que describió como una colectividad sin una verdadera visión de país, vinculada principalmente a las aspiraciones de consumo de una clase media emergente.
El vocero fue más allá y sostuvo que el partido fundado por Franco Parisi era una especie de “cúmulo de deseos”, poniendo en duda su condición de partido político y advirtiendo sobre los efectos que este tipo de agrupaciones podrían tener en la institucionalidad democrática.
Las palabras encendieron rápidamente los ánimos. Y mientras Arenas intentaba instalar una reflexión sobre el sistema político, terminó abriendo un conflicto con los mismos parlamentarios que el Gobierno necesita convencer.
Del malestar a los votos contra Rabat
La reacción del PDG no tardó en llegar. Franco Parisi acusó un “matonaje del poderoso transitorio”, mientras el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, respondió con una frase que resumió la contradicción en la que había quedado atrapado el Ejecutivo: “No se escupe el pozo donde usted posteriormente va a tomar agua”.
La advertencia tenía un destinatario claro. El Gobierno puede cuestionar al PDG, pero difícilmente puede ignorar sus 14 votos en una Cámara donde las mayorías no están garantizadas.
Y ahí es donde el incendio comenzó a amenazar directamente a Rabat.
Según fuentes de BioBioChile, el respaldo a la acusación constitucional dentro de la bancada del PDG habría aumentado de 10 a 13 o incluso 14 diputados, como consecuencia del profundo malestar que provocaron las declaraciones de Arenas.
De acuerdo con los antecedentes recabados por este medio, parlamentarios que inicialmente no estaban disponibles para respaldar el libelo habrían reconsiderado su posición después de escuchar al vocero cuestionar la legitimidad política de su colectividad.
El único que, hasta ahora, no estaría disponible para apoyar la acusación sería Javier Olivares, quien en declaraciones a 24 Horas restó importancia a la controversia y aseguró que los dichos de Arenas no le afectan mayormente.
Aunque las posiciones todavía podrían cambiar antes de la votación, el escenario refleja el costo que las palabras del vocero estarían teniendo para las gestiones políticas de La Moneda.
Porque una cosa es enfrentar una acusación constitucional impulsada por la oposición y otra muy distinta es que un integrante del propio Gobierno termine alimentando los apoyos a ese libelo.
Las disculpas de Arenas que no lograron apagar el incendio
La magnitud de la controversia obligó a Arenas a cambiar de tono. Desde La Moneda, el vocero reconoció su error, destacó el papel del PDG en el sistema político y agradeció la colaboración que sus parlamentarios han prestado al Ejecutivo.
“Si mi comentario pudo haber ofendido a alguien, estaba lejos de mi intención”, señaló, junto con ofrecer disculpas a los integrantes de la colectividad.
El contraste fue evidente. El mismo partido que había sido cuestionado por carecer de una visión de país pasó a ser reconocido por su contribución a las políticas públicas y su importancia en el Congreso.
Pero el intento de apagar el incendio no consiguió convencer a todos.
El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, calificó las disculpas como “tibias e insuficientes” y exigió una retractación explícita. La molestia, por tanto, seguía instalada incluso después de que el vocero intentara dar por superado el episodio.
A ello se suma otro antecedente que deja en evidencia las dificultades para recomponer las relaciones. Valenzuela aseguró en entrevista con CNN Chile que “ni el vocero, ni nadie del Gobierno” ha tomado contacto con él para ofrecer disculpas por los dichos de Arenas.
La afirmación resulta especialmente incómoda para La Moneda, considerando que, pese a las disculpas públicas del subsecretario, no se habrían concretado gestiones directas con el jefe de una bancada cuyos votos podrían resultar decisivos para el futuro del ministro de Justicia.
Un ministro debilitado y un Presidente que no retrocede
El conflicto con el PDG llega cuando Rabat enfrenta uno de los momentos más complejos de su gestión. La acusación constitucional presentada por la oposición contiene tres capítulos y cuestiona las rebajas de condenas concedidas a responsables de delitos sexuales contra menores y a condenados por crímenes de lesa humanidad, además de las explicaciones entregadas por el ministro al Congreso.
El secretario de Estado ha defendido la legalidad de sus actuaciones, mientras Kast ha mantenido su respaldo político. Incluso, según antecedentes publicados por BioBioChile, el Presidente realizó gestiones personales con parlamentarios para intentar asegurar apoyos a Rabat.
La Moneda enfrenta así una situación incómoda. Por un lado, necesita sostener la defensa jurídica del ministro y convencer a los diputados de que no existen fundamentos suficientes para destituirlo. Por otro lado, debe administrar las consecuencias políticas de las declaraciones de su propio vocero.
Y las cifras no dejan demasiado espacio para errores.
La oposición necesita reunir 78 votos para aprobar la acusación en la Cámara. Antes de la controversia, el PDG ya aparecía como una bancada determinante, pero sin una posición completamente definida. Ahora, los antecedentes recabados por BioBioChile apuntan a un aumento del respaldo al libelo entre sus integrantes.
No significa que la suerte de Rabat esté decidida. La votación todavía no se realiza y las posiciones pueden cambiar. Sin embargo, el margen de maniobra del Ejecutivo podría estrecharse si ese malestar termina traduciéndose en votos.
La paradoja es que el Gobierno no enfrenta solamente las consecuencias de una crisis en el Ministerio de Justicia, sino también las de una controversia generada desde su propia vocería.
Arenas intentó cerrar el conflicto con disculpas, pero el PDG dejó claro que el episodio no estaba superado. Y mientras los parlamentarios de esa colectividad evalúan cómo votar, Kast sigue comprometido con la defensa de un ministro cuya continuidad depende de una mayoría que todavía no tiene asegurada.
En definitiva, mientras el presidente intenta sacar a Rabat del fuego político, su propio vocero terminó avivando las llamas justo donde La Moneda necesitaba encontrar una salida.