A fines de agosto, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) activó el protocolo de desconexión del parque fotovoltaico Huatacondo, en la Región de Tarapacá, luego de que la empresa reportara un ciberataque. Casi tres meses más tarde, la planta, de 103 MW y con un sistema de baterías en puesta en servicio, sigue fuera del sistema, y todavía no se sabe públicamente cómo ocurrió el ataque ni qué sistemas resultaron comprometidos. En esos mismos días, dos instalaciones de la Región de Coquimbo reportaron posibles ciberataques, que después se descartaron.

El apagón de febrero de 2025 tuvo un origen que pudo establecerse. Un incidente de ciberseguridad no siempre ofrece esa certeza: puede pasar mucho tiempo sin una explicación concluyente, y esa incertidumbre es en sí misma un riesgo para el sistema.

Huatacondo es un caso de ese tipo, aunque de menor escala. Una planta de ese tamaño no pone en riesgo por sí sola el suministro del país, pero un ataque a los sistemas de una empresa la sacó de operación por meses, y los organismos que tienen antecedentes no han comunicado todavía una conclusión.

Tras un incidente así se abren varias investigaciones en paralelo. La empresa y sus proveedores hacen el análisis forense. La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) recibe los reportes que exige la Ley 21.663 y gestiona el incidente. El CEN evalúa la operación y decide cuándo desconectar y cuándo reconectar. Si hay delito, corresponde una investigación penal, y la Ley 21.821 encarga además a la Agencia Nacional de Inteligencia sistematizar los antecedentes. Cada una tiene sus propios objetivos, plazos y reglas de reserva.

Integrarlas significa compartir la evidencia técnica bajo cadena de custodia, contrastar hipótesis sobre cómo se produjo el acceso y hasta dónde llegó, y acordar qué se informa y en qué momento. Si eso no ocurre, cada organismo puede cerrar su parte y dejar pendiente lo esencial: si fue un hecho aislado y si otras instalaciones con la misma tecnología o el mismo proveedor están expuestas. Los reportes de Coquimbo muestran que los hechos simultáneos deben revisarse en conjunto, sin suponer de antemano una relación entre ellos.

Para ese análisis, la Ley 21.663 ya prevé un canal adicional: el CSIRT de la Defensa Nacional, que actúa como enlace entre la ANCI y los equipos de respuesta de las instituciones de la Defensa. Incorporar al intercambio lo que se observa en esas redes puede ayudar a reconocer patrones que, revisados por separado en cada sector, no permitirían advertir una campaña de mayor complejidad.

Para reconectar una instalación comprometida hay que tener certeza de que el acceso del atacante y la vulnerabilidad que lo permitió fueron eliminados y de que los sistemas de control son confiables. La demora en Huatacondo puede deberse a razones técnicas o contractuales que no son públicas. Aun así, conviene precisar con qué criterios, y quién, se valida el regreso seguro de una instalación al sistema.

La colaboración de las empresas depende de reglas claras. Una compañía aportará antecedentes completos a una investigación conjunta si sabe que se distinguirá entre sufrir un incidente e incumplir una obligación, y que la información que entregue estará resguardada. La ciudadanía, por su parte, necesita que la autoridad explique qué se sabe y qué sigue en investigación, aunque la reserva impida dar detalles técnicos.

Por eso, el paso siguiente es definir, antes del próximo incidente, un procedimiento de investigación conjunta para los servicios esenciales, articulado con los mecanismos de intercambio de información que operan durante la emergencia. Ese procedimiento debería establecer quién coordina, cómo se comparte la evidencia entre las líneas técnica, regulatoria, penal y de inteligencia, qué criterios permiten volver a operar y qué se informa al cierre.

Chile ha avanzado en institucionalidad: cuenta con una ley marco, una agencia especializada y obligaciones de reporte. Lo que aún no tiene es la práctica de operar ese sistema como un todo cuando un incidente cruza competencias.

Desde la política pública, esto exige al menos tres definiciones: una autoridad con mandato explícito para conducir la investigación integrada de incidentes en infraestructura crítica, sin desplazar las competencias de cada organismo; reglas que incentiven el reporte temprano y completo; y un estándar público de rendición de cuentas al cierre de cada caso relevante, que permita al resto del sistema aprender de él.