Muerto el rey de Dinamarca, su hijo Hamlet jura vengarlo. Pero duda, y en la tortura de sus pensamientos, se queja de la lentitud de la justicia como uno de los males que hacen insoportable la vida. Más de cuatro siglos después de que Shakespeare escribiera esta obra, en Chile nos empeñamos día a día en darle la razón.
Semanas atrás mostramos desde Pivotes un caso que ilustra la demora de la judicatura laboral. El 2 de octubre, un juzgado laboral de Santiago admitió a tramitación una demanda de tutela y citó a las partes a su primera audiencia para el 28 de septiembre de 2027, casi un año después, en circunstancias que la ley le ordena hacerlo en un plazo de 35 días. Esta es una justicia que se reformó el año 2006. En materia civil funcionamos con reglas de 1903; obtener aquí una sentencia puede tomar años y, hacerla cumplir, varios más.
¿Qué ocurre en estos tribunales? En 2025, tres de cada cuatro causas ingresadas fueron juicios de cobranza, lo que básicamente convierte estos juzgados en una gran oficina estatal al servicio de los grandes acreedores institucionales. Sumemos el atraso que dejó la pandemia y una capacidad instalada que no da abasto: el resultado es un sistema judicial digno del lamento shakesperiano, de lentitud geológica y en el que apenas confía el 10% de los chilenos.
La desconfianza no es un problema de imagen. Cuando los tribunales no resuelven, los conflictos buscan otras salidas: la represalia, el acuerdo forzado, la justicia por mano propia. Un contrato vale lo que cuesta hacerlo cumplir, y si cumplirlo exige años de espera, vale menos. Así se va erosionando la confianza en la democracia y el Estado de Derecho.
Un estudio de CLAPES UC estima que Chile deja de percibir entre US$814 y US$2.118 millones al año por mantener un sistema civil obsoleto. Implementar uno moderno costaría cerca de US$90 millones anuales. La solución no es un misterio.
El año 2012 ingresó al Congreso el proyecto de un nuevo Código Procesal Civil, que introduce juicios orales y concentrados y propone descargar a los jueces de buena parte de la tramitación de las cobranzas. En paralelo, otro proyecto crea 216 nuevos jueces civiles. Pero todo lleva más de una década detenido. Pocas políticas públicas rinden tanto en lo económico y en lo social, pero tan poco en lo político.
En el seminario donde se presentó el estudio, la senadora Paulina Vodanovic repitió la expresión del propio Ministro de Justicia: es un tema “poco sexy”. Y tiene razón en el diagnóstico; los costos de una reforma de estas características se pagan hoy y sus frutos los cosecha el gobierno de mañana.
Aun así, hay voluntad de avanzar. El 30 de octubre el Gobierno creó por decreto una comisión asesora y un comité consultivo para reactivar la reforma. Es una buena noticia, aunque sus primeros frutos se verán, con suerte, en un año más y serán indicaciones a un proyecto que todavía deberá votarse e implementarse.
Hamlet supo la verdad acerca de la muerte de su padre en el primer acto pero esperó hasta el último para actuar. Mientras dudaba, todo a su alrededor se descompuso. Finalmente, la justicia llegó, pero tarde y a un precio ruinoso. Que la nuestra no siga ese guion.
Sumar jueces y sacar la cobranza de su escritorio son medidas que pueden avanzar antes que la reforma completa; el diseño en bloque lleva catorce años tratando de demostrar lo contrario. Un sistema descongestionado ofrecería, además, mejores condiciones para que el nuevo procedimiento funcione cuando se implemente.
Lo que importa es que el cambio opere en los tribunales, con juicios que se resuelvan a tiempo y sentencias que se cumplan de manera efectiva. Tras tantos años de espera, eso vale mucho más que un código perfecto que nunca llega. Sin una justicia oportuna, ninguna sociedad prosperará jamás.
Magdalena Price
Pivotes
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