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La Fiscalía Nacional derivó a la Fiscalía Centro Norte la denuncia presentada por tres diputados tras los dichos de Brandon Judd sobre el estallido, por una eventual entrega irregular de información reservada del sistema de inteligencia chileno a Estados Unidos.
Los polémicos dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sobre el estallido social siguen teniendo consecuencias. Esta vez, en el Ministerio Público.
Según pudo conocer BioBioChile, la Fiscalía Nacional resolvió derivar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte la denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS) y Daniela Serrano (PC), quienes apuntan a una eventual entrega ilegal de información del Sistema de Inteligencia chileno a autoridades estadounidenses.
El oficio —visto por este medio—, fechado el 22 de septiembre y firmado por la fiscal nacional subrogante Carmen Gloria Wittwer, señala que la Fiscalía Nacional recibió denuncias por hechos que podrían eventualmente configurar delitos contemplados en la Ley N°19.974, que regula el Sistema de Inteligencia del Estado.
Fiscalía analiza denuncia por eventual entrega de información de inteligencia a EEUU
La historia se remonta a la entrevista con CNN el 8 de septiembre, en que Brandon Judd aseguró que la inteligencia estadounidense tenía un análisis que vinculaba el estallido social de 2019 con organizaciones de izquierda.
Pero fueron sus explicaciones sobre el origen de esos antecedentes las que encendieron las alertas. El diplomático habló de información “recopilada” por fuerzas policiales y agencias de inteligencia y mencionó expresamente a la “inteligencia estadounidense” y la “inteligencia chilena”.
A partir de esas palabras, los parlamentarios recurrieron a los artículos 38 y 44 de la Ley de Inteligencia. El primero establece el carácter secreto de los datos, antecedentes e informaciones que obran en poder de los organismos del sistema. El segundo sanciona a quienes, teniendo acceso a ellos por razón de su cargo o función pública, los comuniquen, divulguen o permitan que terceros accedan sin la correspondiente autorización.
La tesis de los denunciantes es que, si los dichos iniciales de Judd fueran efectivos, funcionarios chilenos podrían haber entregado información reservada a representantes de otro Estado.
“Los hechos descritos por el embajador de los Estados Unidos Brandon Judd indican de forma inequívoca que funcionarios que integran el Sistema de Inteligencia (…) proporcionaron información secreta a funcionarios de un Estado extranjero”, sostiene la presentación.
En ese contexto, la Fiscalía Nacional remitió todos los antecedentes al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, para que decida si abrir o no una investigación.
El diputado Luis Cuello valoró la decisión y afirmó que de las primeras declaraciones de Judd “se desprende la entrega ilegal de información por parte de funcionarios chilenos de inteligencia hacia la embajada”.
Dichos de Brandon Judd por estallido social
Las afirmaciones de Judd en la citada entrevista generaron dudas inmediatas: ¿qué información tenía Estados Unidos?, ¿de dónde había salido?, ¿había sido proporcionada por organismos chilenos? Por lo mismo, Cancillería citó al embajador para pedir explicaciones y conocer los antecedentes que sustentaban sus palabras.
Después de esa reunión, el diplomático matizó considerablemente su versión. Aseguró que la Embajada no tenía una investigación ni documentos propios sobre el estallido y explicó que el análisis se había construido a partir de “fuentes abiertas”, mencionando información proveniente de policías, el Congreso y académicos chilenos.
La incertidumbre también llegó al Ministerio Público. El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo entonces que no contaba con los antecedentes mencionados inicialmente por Judd y evitó validar la tesis de que organizaciones de izquierda hubieran estado detrás del estallido.
“No quisiera hacer una afirmación de esa naturaleza”, respondió. Valencia explicó, eso sí, que investigaciones cerradas por falta de antecedentes podrían eventualmente reabrirse si apareciera información nueva y los plazos legales lo permitieran.
La discusión tenía además un antecedente reciente. En agosto, una comisión investigadora de la Cámara impulsada por el Partido Nacional Libertario terminó su trabajo tras 11 sesiones y 32 invitados. Pese a las distintas hipótesis expuestas durante su funcionamiento, la instancia no logró identificar instigadores, organizaciones responsables ni mecanismos de financiamiento detrás de la violencia del 18-O.
Ahora será la Fiscalía Centro Norte la que deberá determinar si las declaraciones que desataron la polémica justifican abrir una investigación penal y establecer si existió —o no— una entrega ilegal de información reservada desde el sistema de inteligencia chileno.
