La diputada Claudia Mora (RN) sostuvo una reunión con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para plantear avanzar en la regulación de la figura del tutor sombra como una herramienta de apoyo para estudiantes que requieren acompañamiento individualizado.
En este contexto, la parlamentaria sostuvo que existe una realidad en el sistema educacional que no puede seguir siendo ignorada y que esto no se trata de un privilegio, sino de una herramienta de inclusión que necesita un marco legal claro.
“Muchas familias han tenido que recurrir al tutor sombra porque sus hijos necesitan un acompañamiento adicional para regularse, comunicarse, adaptarse al entorno escolar y permanecer en el aula en mejores condiciones para aprender”, señaló Mora.
En la reunión también participaron apoderadas que han recurrido a esta figura para apoyar a sus hijos.
Frente a esta realidad, Mora planteó la importancia de regular primero la figura del tutor sombra, definiendo su naturaleza jurídica, facultades, rol dentro del proceso educativo y límites de intervención.
A su juicio, esto permitiría entregar mayores certezas tanto a las familias como a los establecimientos educacionales.
“No solo irá en beneficio del alumno, sino también de sus padres”
En esa línea, la parlamentaria sostuvo que el tutor sombra no necesariamente debería formar parte de la dotación interna del establecimiento, como actualmente lo entiende la Superintendencia de Educación, sino que también podría tratarse de una persona externa que acompañe al estudiante.
Esto, siempre que cuente con preparación y sea previamente autorizado por el apoderado y el establecimiento.
“Definir bien la figura del tutor sombra no solo irá en beneficio del alumno, sino también de sus padres, para que puedan trabajar más tranquilos sin la dificultad que significa que los estén llamando recurrentemente del colegio porque su hijo sufrió una desregulación”, agregó.
El desafío de convertirlo en una política pública
La diputada señaló además que, una vez regulada la figura del tutor sombra, será necesario abordar un segundo desafío: transformar este apoyo en una política pública.
Esto implicaría discutir mecanismos de financiamiento o apoyo estatal que permitan que esta herramienta no dependa exclusivamente de la capacidad económica de las familias.
“Primero debemos ordenar la figura, reconocerla y establecer sus criterios. El debate sobre cómo financiarla y cómo avanzar hacia un sistema que acompañe a las familias debe ser una conversación posterior, pero que también hay que tenerla”, sostuvo la diputada.
Finalmente, valoró la disposición de la ministra de Educación para conocer la realidad de las familias y el debate respecto de los desafíos en materia de inclusión.
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