Los diputados de Renovación Nacional (RN) solicitaron la creación de una Comisión Especial Investigadora para indagar una eventual persecución penal arbitraria contra agentes del Estado tras el estallido social.
El objetivo es revisar posibles irregularidades, deficiencias de control y el uso de recursos públicos en las acciones judiciales presentadas contra funcionarios por hechos ocurridos durante este periodo.
Según explicaron los parlamentarios, la solicitud se basa en un informe elaborado por la bancada con antecedentes de Fiscalía, el cual analizó 10.142 causas por violencia institucional relacionadas con hechos ocurridos entre octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.
De acuerdo con el informe, el 95,71% de las investigaciones ya estaban terminadas. Sin embargo, solo 190 causas fueron formalizadas, lo que equivale al 1,87% del total. Además, se registraron 70 sentencias condenatorias, correspondientes al 0,69% de las causas analizadas.
Comisión Especial Investigadora por presunta persecución penal arbitraria en estallido social
Para los diputados, estas cifras muestran una diferencia importante entre el número de investigaciones iniciadas y los resultados penales obtenidos.
El jefe de bancada, Diego Schalper, sostuvo que, si bien los datos no permiten concluir que todas las denuncias o querellas fueron ilegítimas, sí justifican investigar si existió una estrategia estatal de persecución que mantuvo a funcionarios por años sometidos a procesos que terminaron sin condenas.
“Cuando el Estado abre más de diez mil causas, formaliza menos del 2% y obtiene un porcentaje máximo de condenas de solo 0,69%, ya no estamos simplemente ante resultados judiciales pobres. Estamos ante antecedentes que obligan a investigar si hubo una persecución penal desproporcionada, carente de filtros suficientes y sostenida con recursos de todos los chilenos”, afirmó.
La solicitud considera revisar la actuación del Ministerio del Interior, del Ministerio de Seguridad Pública, del Consejo de Defensa del Estado, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, la cual deberá analizar los protocolos, criterios jurídicos y procedimientos utilizados para presentar, ampliar o mantener acciones judiciales contra agentes del Estado.
Uno de los focos será la actuación del INDH. Según el informe, el organismo intervino en 2.809 causas, equivalentes al 27,70% del total. De ellas, 2.452 ya estaban terminadas y se registraban 61 condenas, lo que representa un 2,17% de esas causas.
Al respecto, el diputado Francisco Orrego señaló que los antecedentes parecen indicar que “se atropelló la presunción de inocencia, el debido proceso o la dignidad de los propios agentes del Estado”.
“Los organismos públicos que ejercen acciones penales deben responder por la rigurosidad de sus decisiones y por los recursos fiscales utilizados. Finalmente, el uso indiscriminado e ideologizado de la persecución penal por parte del Estado termina siendo una violación de los derechos humanos, muy lejana al mandato de defensa de los mismos del INDH”, añadió.
La comisión también deberá determinar cuánto dinero público se destinó a estas acciones judiciales. Además, recopilará antecedentes sobre suspensiones, destinaciones, desvinculaciones, gastos de defensa y otros perjuicios.
El subjefe de bancada, Eduardo Durán, aclaró que la instancia no revisará las sentencias judiciales o investigaciones vigentes.
“Su finalidad será establecer si los organismos públicos querellantes actuaron con objetividad, prudencia, proporcionalidad y suficiente fundamentación jurídica, y si existieron actuaciones negligentes, irregulares o arbitrarias”, explicó.
Desde RN, enfatizaron que esperan la colaboración del INDH durante la investigación y sostuvieron que, pese a su autonomía, el organismo está sujeto a la fiscalización de la Cámara de Diputados.
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