El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, criticó el cierre de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares, instancia creada durante la administración del expresidente Gabriel Boric y que fue “desmantelada” recientemente por la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de José Antonio Kast, tal como reveló BioBioChile.
Consultado por este medio, Jaime Gajardo calificó la decisión como “un retroceso tan importante y doloroso”.
“El Estado de Chile ha avanzado en reconocer su responsabilidad y adoptar medidas concretas para responder a las justas demandas de miles de familias que llevan exigiendo no solamente justicia, sino que también encuentro”, señaló el exsecretario de Estado.
Exministro Jaime Gajardo: “Cierran la puerta a las víctimas”
Gajardo recordó que, según antecedentes recopilados por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados en 2018, diversas investigaciones penales y trabajos académicos y periodísticos, las adopciones forzadas o irregulares se remontan al menos a la década de 1950 y se intensificaron durante la dictadura.
Asimismo, sostuvo que las estimaciones realizadas en el marco de esas investigaciones hablan de más de 20 mil casos en el país.
En esa línea, defendió la creación de la unidad impulsada durante el gobierno anterior, asegurando que esta respondía a un mandato legal aprobado por el Congreso y buscaba coordinar una respuesta estatal integral frente a las víctimas.
“La Unidad de Búsqueda Administrativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos se creó por mandato del legislador durante el gobierno del presidente Boric, con el objetivo de coordinar una respuesta estatal integral y coordinar con el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal la creación de un banco de huellas genéticas que permita el reencuentro de miles de familias”, afirmó.
En ese contexto, el exministro cuestionó la decisión adoptada por la actual administración y acusó una contradicción entre el discurso oficial y las medidas adoptadas al interior del ministerio.
“Lamentablemente, este gobierno ha decidido cerrar esa unidad y, una vez más, a pesar de decir que tienen un compromiso con las víctimas, les cierran las puertas y retroceden en avances que se han alcanzado con acuerdo y trabajo colaborativo de distintos gobiernos y poderes del Estado”, concluyó.
Gobierno cierra unidad de adopciones ilegales de la Subsecretaría de DDHH
La unidad había sido creada en febrero de este año como una de las principales recomendaciones emanadas de la mesa interinstitucional sobre adopciones forzadas o irregulares y tenía como misión desarrollar investigaciones administrativas, coordinar la búsqueda de orígenes y familiares, además de impulsar la implementación del Banco de Huellas Genéticas, contemplado en la Ley de Reajuste del sector público para 2026.
Sin embargo, la Subsecretaría, encabezada por Pablo Mira, resolvió dejar sin efecto la unidad y reasignar sus funciones al gabinete de la repartición, argumentando criterios de eficiencia en el uso de los recursos públicos y la ausencia de requerimientos judiciales durante los primeros meses de funcionamiento.
La decisión quedó plasmada en una resolución firmada el pasado 22 de junio y comenzó a materializarse esta semana, cuando los funcionarios fueron notificados de que sus labores terminarían el 30 de junio.
Así, la unidad creada en febrero de este año para cumplir un mandato legal desapareció antes de alcanzar siquiera medio año de vida.
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