El 2.° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago determinó acoger una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, condenando a la Municipalidad de Quilicura, encabezada por Paulina Bobadilla, a pagar como indemnización más de 66 millones tras el despido del ahora exdirector de la Escuela de Música Enrique Soro —considerado discriminatorio—, por razones de afinidad política.
El fallo dictado por el juez Santiago Peña Bazán, al que tuvo acceso BioBioChile, detalló el pago de tres indemnizaciones de $2.320.684, de $45.949.543 correspondiente al recargo del 80% y una adicional de ocho remuneraciones, equivalente a $18.565.472.
De acuerdo con la resolución, el denunciante se desempeñó en el cargo entre el 2 de enero de 2009 y el 9 de enero de 2025.
En ese periodo, se le acusó de participar en una campaña política tras una publicación en su cuenta de Instagram personal, resolviéndose la instrucción de un sumario administrativo, del cual el día 18 de ese mismo mes se formuló un único cargo por faltas a la probidad.
En tanto, el 31 de diciembre de 2024 presentó sus descargos. Sin embargo, en la misma fecha, la Municipalidad de Quilicura dictó el decreto alcaldicio donde se aplicó la medida disciplinaria de término de contrato, el cual fue comunicado el 9 de enero de 2025, acusando que los descargos no fueron considerados y que nunca recibió alguna comunicación formal ni una carta de despido.
Exfuncionario de la Municipalidad de Quilicura denuncia acoso laboral tras despido por razones políticas
El denunciante acusó que su integridad psíquica fue vulnerada. En ese contexto, relató que, desde junio de 2023, la alcaldesa Paulina Bobadilla lo citaba para presuntamente amenazar a profesores, a fin de que reaccionaran a las redes sociales de personas con quienes ella tuvo problemas.
“Diles que no le pongan ‘Me Gusta’ a esas personas o tendremos que despedirlos no más, ya que tenemos que tener solo funcionarios que estén con la gestión”, habría sido la instrucción.
Asimismo, denunció que lo anterior se repitió varias veces e, incluso, que habría sido contactado por Ángel Abarca —otrora director del Departamento de Educación Municipal (DEM)— para que se dirigiera a los profesores de la escuela, pues desde la alcaldía les estaban revisando sus redes sociales personales y las publicaciones en esos espacios digitales.
Otro ejemplo de lo que acusa se remonta al 5 de septiembre de 2024, el día en que Valentín Trujillo recibió el Premio Nacional de Música. En esa oportunidad, el exdirector subió una historia a su perfil de Instagram, donde aparecían varios funcionarios de la escuela en una foto tipo collage junto a Trujillo, donde además destacó el exalcalde Juan Carrasco, quien fue jefe comunal entre 2008 y 2021 y quien se postuló nuevamente en 2024, elección en la que fue reelegida Bobadilla.
Tras compartir esa publicación, la alcaldesa habría enviado al administrador municipal para ordenarle bajar la historia de Instagram, pues a la jefa comunal le habría molestado.
El denunciante también dijo que el 23 de octubre de 2024 apoyó a otro candidato en las elecciones municipales de ese año, sosteniendo que lo hizo en época de campaña y fuera de horario laboral, refutando que haber sido amonestado por asistir al cierre de campaña en horario laboral, lo cual el exdirector negó.
Finalmente, el tribunal concluyó que el municipio “no solo no desarrolló argumentos suficientes” para justificar el despido, sino que además “tampoco rindió prueba que permita al tribunal establecer el fundamento y la proporcionalidad de su actuar“. Por ello, se ratificó la vulneración de derechos denunciada tras ser desvinculado por motivos de afinidad política.
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