Parlamentarios exigen más seguridad al Gobierno tras asesinato de niño durante encerrona

Gran consternación provocó esta semana el brutal crimen en la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana, donde un niño de 12 años murió luego de ser arrastrado por un auto durante una encerrona.

Esto abrió nuevamente el debate sobre la agenda de seguridad del Gobierno del presidente Kast, materia que fue estandarte durante su periodo de campaña y que, a poco más de cien días de haber asumido en La Moneda, no ha evidenciado mayores avances.

Este domingo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aclaró que como Gobierno existe una dificultad para enfrentar la crisis de seguridad, al no tener aprobado el proyecto de ley del Uso de la Fuerza.

Y, pese a destacar la tarea realizada por el ministro Martín Arrau en la materia, afirmó que aún hay tareas pendientes a falta de la aprobación de la mencionada ley.

Para el senador socialista Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Seguridad Pública, el Gobierno debe implementar soluciones nuevas y “dejar atrás lo mismo de siempre”.

También aseguró que el electorado, más allá de su tendencia política, votó por el presidente Kast motivado “por su promesa de campaña de transformar la Seguridad Pública”.

Desde la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, las miradas no son tan distintas. La diputada nacional libertaria Gloria Naveillán cree que el proyecto del Registro Nacional de Vándalos no es suficiente para confrontar la crisis.

Además, cuestionó a quienes piden sacar a fuerzas militares a la calle para el control del orden y seguridad sin la aprobación de las Reglas de Uso de la Fuerza.

Por su parte, la diputada republicana Chiara Barchiesi afirmó que no hay una única medida que permita enfrentar la violencia y que el Gobierno trabaja con una estrategia integral para entregar más y mejores herramientas al Estado para prevenir los delitos.

Con el tema en discusión, el Ejecutivo continúa impulsando su agenda de seguridad, mientras el debate sobre las herramientas para enfrentar la delincuencia sigue abierto en el Congreso.