En el marco de la tramitación inmediata del proyecto Sala Cuna Universal, la Comisión de Educación discutió en particular respecto a las indicaciones que ingresó el Gobierno.
Fueron una serie de indicaciones las que ingresó el Gobierno la semana pasada al proyecto con el objetivo de acelerar su tramitación, las cuales se enfocan principalmente en el financiamiento de una iniciativa que busca terminar con el costo adicional que históricamente ha estado asociado a la contratación de mujeres en Chile.
Entre las nuevas propuestas se encuentra la creación de un Fondo de Sala Cuna, que será financiado mediante una cotización equivalente al 0,35% del sueldo imponible.
Este aporte será compensado con una rebaja del mismo porcentaje en la cotización destinada al seguro de cesantía.
El mecanismo de financiamiento ha generado debate al interior de la comisión, donde algunos parlamentarios han advertido eventuales riesgos para los trabajadores.
Frente a estas críticas, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió la fórmula planteada por el Ejecutivo, señalando que permite dar viabilidad a la política pública y llamando a poner el foco en sus beneficios más que en sus costos.
“Esta reducción en la cotización del Seguro de Cesantía va a permitir financiar una política pública, una deuda de larga data, eliminar la barrera del artículo 203. Entonces, yo prefiero enfocarme un poco más en los beneficios, más allá de los costos”, argumentó.
La iniciativa también incorpora nuevos mecanismos de fiscalización a cargo de la Superintendencia de Pensiones y establece que podrán operar salas cunas que cuenten con autorización de funcionamiento, sin exigir necesariamente el reconocimiento oficial.
Sobre este punto surgieron diferencias entre los parlamentarios.
Al respecto, la senadora Yasna Provoste (DC) acusó que la medida implica una rebaja en los estándares de calidad y aseguró que el proyecto no incorpora avances significativos.
“Rebaja el estándar y uno se pregunta por qué un hijo o una hija de una mujer trabajadora tiene que tener un estándar más bajo. En este proyecto de ley realmente no hay nada positivo ni para la infancia ni para las mujeres”, señaló.
En contraste, el senador Rojo Edwards (REP) sostuvo que no existe una disminución de exigencias, sino una mayor libertad para las familias.
“Yo creo que es un aumento de la libertad. Acá tiene que haber una oferta que sea diversa. Nosotros apoyamos la base de lo que está proponiendo el Ejecutivo”, dijo.
Desde las organizaciones que impulsan la pronta aprobación del proyecto, la directora de Incidencia y Desarrollo de Fundación Ronda, María José Escudero, coincidió con las aprensiones planteadas por Provoste.
Asimismo, enfatizó la necesidad de exigir reconocimiento oficial a los establecimientos para resguardar estándares adecuados de calidad y seguridad para los niños y niñas.
“Sí le damos un punto a la senadora Provoste en particular, que efectivamente, creemos que debiese exigirse al menos autorización oficial para los jardines privados y establecimientos de educación parvularia privados. Que se exija al menos autorización oficial”, destacó.
Las indicaciones continúan siendo analizadas en la Comisión de Educación del Senado. Este miércoles está prevista la votación en particular, pero los parlamentarios estiman que este proceso podría alargarse debido a la necesidad de análisis concreto de las indicaciones.
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