Diputados fustigan ausencia de Alvarado y Arrau en comisión que discutió Registro de Vándalos

La tarde de este lunes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, expuso sobre el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, instancia a la que estaban invitados los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau, quienes no asistieron.

La ausencia de los secretarios de Estado desató críticas, a pesar de que la invitación a una comisión no implique una asistencia obligatoria. Los diputados Raúl Leiva (PS), Tatiana Urrutia (FA) y Bernardo Salinas (IND) fustigaron al biministro Alvarado y al titular de Seguridad por ello.

Leiva calificó el hecho como algo inconcebible. “Llevo 8 años como parlamentario, y nunca había sucedido que a un mensaje presidencial con urgencia no viniera ningún ministro a defender; ni siquiera a presentar el proyecto de ley”, cuestionó.

Diputados fustigan ausencia de Alvarado y Arrau en comisión que discutió Registro de Vándalos

“Eso parece una falta de respeto total y absoluta”, añadió, haciendo hincapié en los “visos graves de inconstitucionalidad” que ve en la iniciativa del Ejecutivo.

“Algunos parlamentarios planteaban que, tal vez, lo malo del proyecto inhibía que participaran los ministros en la tramitación. Este es un proyecto que tiene visos graves de inconstitucionalidad”, subrayó.

El legislador manifestó que esta propuesta pretende aplicar “mano dura” con aquellas familias que realizan bingos, “pero no al violador, al homicida, al que se colude o al que defrauda” recursos.

“No tiene consistencia ninguna este proyecto de ley, y lo que vemos es que el Gobierno le quiere cargar la mano -dicen ‘una nueva mano’- a aquellas personas que hacen bingos”, siguió.

Leiva dijo esperar que el Gobierno plantee una indicación sustitutiva total, o que se abra a poder discutir. “Sobre todo, que vengan los ministros a dar la cara, a hacerse cargo de un mal proyecto de ley, y a tratar de generar consenso para poder mejorarlo”, cerró.

Por su lado, la diputada Urrutia lapidó el hecho de que los representantes del Ejecutivo en la instancia, Máximo Pavez y el subsecretario Gonzalo Guerrero, “no respondieran ninguna de las preguntas que hicimos”.

“El Gobierno sólo atendió a decir que esto era el cambio de una mano dura, o sea, una vez más estamos discutiendo proyectos que, al parecer, sólo buscan competir con el Gobierno anterior”, fustigó la parlamentaria.

“Es lamentable que en un proyecto de suma urgencia el Gobierno no haya sido capaz de venir a poner la cara política (…) la gente quiere que discutamos los temas, pero hoy día seguimos respondiendo a puntos políticos que quiere hacer este Gobierno”, cuestionó.

El diputado Bernardo Salinas, en tanto, afirmó que no bastaba con la presencia de Pavez como representante del Ejecutivo en la instancia.

“Este es un proyecto que presentó en la Cuenta Pública el presidente Kast y, por lo tanto, por la magnitud del proyecto y por lo que es la agenda punitiva del Gobierno, entendíamos que el ministro tenía que estar”, indicó el legislador.

Con ello, Salinas aseveró que la presencia de ambos subsecretarios fue absolutamente insuficiente. “No fueron capaces de responder ninguna de las preguntas que son importantísimas; muchas de ellas porque hay visos inconstitucionales”, sostuvo.

“Dijimos que parecía que el cambio de ministro iba a tener un cambio sustancial en materia de seguridad pública y persecución contra el delito, y no hay ningún proyecto contra el crimen organizado. Ninguno. Solamente estas medidas punitivas”, arremetió.

El diputado señaló que le habían dicho a los subsecretarios que tenía que venir el ministro de Seguridad pues el registro había sido un anuncio presidencial. “Creo que no están a la altura”, lapidó.

Salinas tildó el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades como “una lista negra”, con la que se quiere penalizar a los sectores más populares.

“¿Por qué no incluyeron, por ejemplo, la evasión de impuestos? Son 240 mil millones; 5 mil millones de dólares que se se evaden por temas tributarios. Y aquellos que hoy día han cometido delitos graves, por ejemplo, que se han coludido, no tienen ninguna sanción. Por tanto, este registro claramente tiene un sesgo, y tiene un sesgo de clase, absolutamente“, sentenció.

Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades

Máximo Pávez detalló en su presentación en la comisión que esta iniciativa tiene como objetivo crear un registro de actos vandálicos e incivilidades, no ser un “registro de vándalos”.

Según explicó, la propuesta pretende consolidar información respecto de condenas y sentencias firmes por actos que afectan la convivencia del orden público y los bienes comunes; fundamentalmente delitos.

“Establece consecuencias administrativas, y siempre son temporales. Esto es muy importante, porque ha habido mucho mito, hasta que el texto se conoció, respecto de la entidad, la proporcionalidad y todo eso”, complementó el subsecretario.

En sus palabras, las consecuencias son temporales, objetivas y proporcionales, asociadas a la inscripción en el registro.

Con este proyecto, además, se “busca vincular el acceso a prestaciones que, con ocasión de recursos públicos, se van entregando a algunas personas. La idea es que, de acuerdo al texto, la inscripción o el ingreso al registro sea una pena accesoria“.

Con tales prestaciones, Pavez se refiere, por ejemplo, a subsidios de arriendo, a la gratuidad universitaria y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Sobre la pérdida de la PGU, recalcó que se trata de una medida proporcional en directa relación con la permanencia o no en el registro. O sea, si una persona figura en él por cinco años, cinco años no obtendrá la PGU. Explicó, también, que está vinculada a los delitos de mayor gravedad, como lo sería, por ejemplo, el atentar contra la vida de una autoridad o incendiar una micro.

“Esto es muy importante. Respecto de algunos delitos, no todos, que son los que están identificados en el proyecto de ley, se suspende o se prohíbe el acceso a la gratuidad en la educación superior y la Pensión Garantizada Universal”, expresó Pavez en la instancia.

“Eso es sólo para delitos especialmente graves. No es para todas las conductas. Siempre estuvo pensado así. Y la duración es de, en principio, y sin perjuicio de que hay una lógica de reincidencia, que la persona condenada que ingresa al registro tiene que permanecer 5 años en él“, añadió.

Aquello, subrayó el subsecretario, si es que se trata de delitos. En el caso de incivilidades, es un año.