A raíz del caso del ingreso masivo al país de niños haitianos, cuyo paradero aún se desconoce, los diputados Natalia Romero y Mario Olavarría (UDI) solicitaron a la Fiscalía citar a declarar en calidad de “sujeto de interés” al exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer.
La petición, según argumentaron, se funda en una eventual inacción administrativa frente a estos hechos.
De acuerdo con lo expresado por los parlamentarios, Thayer ha concedido una serie de entrevistas para explicar las medidas que adoptó ante esta situación. No obstante, criticaron que durante el gobierno anterior se habrían flexibilizado los criterios de ingreso al país debido a la situación política que vive Haití.
Esto, a su juicio, incentivó la autorización de más de 16 mil permisos de reunificación familiar, la gran mayoría correspondientes a menores de edad.
Por ello, sostienen que las explicaciones entregadas por el exdirector no permiten despejar las dudas que persisten en torno al caso.
“Por lo que es indispensable es que la Fiscalía no solo cite a declarar a Luis Thayer, sino que además lo considere un ‘sujeto de interés’ en esta investigación”, añadiendo que “las decisiones que se adoptaron -o que derechamente se omitieron- pudieron tener consecuencias directas en este caso”.
Asimismo, afirmaron que durante los últimos años existió una política migratoria “excesivamente permisiva”, que terminó por debilitar los mecanismos de control del Estado.
“Las autoridades del gobierno anterior, mucho antes de que asumieran, relativizaron el cumplimiento de las normas y los requisitos básicos de ingreso a nuestro país, oponiéndose a todas las iniciativas que se presentaron, lo que evidentemente terminó abriendo la puerta a situaciones como esta. Por eso es que las explicaciones del exdirector son absolutamente insuficientes, porque además vienen de alguien que mucho antes promovía un perdonazo a los extranjeros irregulares”, complementaron.
Finalmente, Romero y Olavarría aseguraron que la Fiscalía debe determinar si existieron responsabilidades administrativas u omisiones que pudieron facilitar o incluso incentivar esta situación.
“No basta con que el exdirector señale que presentó una denuncia y luego no haya impulsado ninguna acción adicional. Y frente a hechos de esta gravedad, su deber era escalar oportunamente la información a otras instancias del Estado y adoptar todas las medidas que fueran necesarias para resguardar a los menores involucrados”, culminaron.
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