Gobierno da suma urgencia a proyecto que crea Registro Único de Vándalos e Incivilidades

Este lunes, el proyecto que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades fue dado a cuenta —con suma urgencia— en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. La iniciativa propone sanciones de entre 1 y 5 años sin beneficios sociales.

La oposición realizó una reserva de constitucionalidad, apuntando principalmente a la poca diferenciación entre conductas de diversas gravedades, que presentan sanciones similares.

Recordemos que la iniciativa se enmarca dentro del plan de la estrategia de seguridad del gobierno. Si bien no tipifica ningún delito nuevo, sí aumenta las sanciones a rayados en la vía pública, agresiones a fiscales, carabineros, entre otras situaciones.

Igualmente, se hacen distinciones entre actos vandálicos como tal, incorporaciones dictadas por los Juzgados de Policía Local y también de Garantía, además diversas diferenciaciones que están consignadas dentro del articulado de este proyecto.

Las primeras, que son justamente los actos vandálicos, son escritas por cinco años en primera instancia o dos en caso de menores de edad. Si hay reincidencia, se extenderá por un año adicional por cada vez que sean inscritos.

La primera inscripción es por un año, subiendo a dos años en la primera reincidencia y en las siguientes aumenta a tres años. Ese es el límite, siempre desde la fecha que se dicta la inscripción de la persona en el Registro Único de Vándalos.

Reacciones por proyecto que crea Registro Único de Vándalos e Incivilidades

Al ser consultado por el proyecto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, evitó referirse. “Las diferencias y todos esos detalles los va a dar el subsecretario Pavez; él va a hacer la primera vocería en este tema (…) él va a dar todas las novedades”, dijo.

Dentro de las causales que también podrían estar en el proyecto, hay algunos crímenes cuyas penas de cárcel incluso superan el tiempo que las personas permanecerían dentro de este registro, generando algunos tipos de incongruencia.

Por ejemplo, están consignados el homicidio de fiscales o de carabineros que conllevan penas de cárcel que son superiores a los cinco años que estas personas permanecerían en este registro de vándalos.

Este fue uno de los puntos que hizo el diputado Luis Cuello (PC) a la hora de hacer reserva de constitucionalidad en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Se trata de una forma idéntica a conductas tales como, por ejemplo, el homicidio de un fiscal, el homicidio de un carabinero, y tiene un igual tratamiento que rayar una pared o que montar una lotería”, señaló.

Dentro de las inscripciones que en primera instancia serían por un año, están consignadas conductas como, por ejemplo, la elaboración o manipulación de alimentos en la vía pública sin permiso de las municipalidades, uso de transporte público sin pagar la tarifa correspondiente y también la organización de loterías no autorizadas. Es decir, dentro de este punto podrían estar consignadas también las rifas.

El jefe de la bancada del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva, apuntó a que esto justamente afecta a las organizaciones que en muchos casos, utilizan las rifas para poder autofinanciarse.

“Establece el ingreso a ese registro a aquellas personas que desarrollen lotería sin autorización. O sea, todas las rifas de las organizaciones sociales, cuando el Estado no está, se organicen; pues bien, si son sancionados, van a entrar al registro vándalos”, advirtió.

En paralelo, el oficialismo se mantiene defendiendo este proyecto que aseguran que también es muy importante dentro de toda la agenda de seguridad que ha impulsado el presidente José Antonio Kast.

En ese sentido, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), aseguró que este proyecto va a ser ley sí o sí y que eso es algo que tiene que tomar en cuenta la oposición a la hora de sumarse a este debate.

“Quiero que a todos les quede muy claro es que esta ley va a salir, este proyecto va a ser ley y por eso la invitación es a que podamos tener algo que efectivamente vaya en el foco que dice su idea original, la idea matriz, lo que el presidente planteó”, sostuvo.

Un punto clave de este proyecto es que la sanción sería la privación de los beneficios sociales. Ante eso, sectores principalmente de la oposición han asegurado que esto afecta de manera más directa a las personas de clase media, no tanto a las clases privilegiadas.

Al respecto, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) aseguró que se tienen que evaluar las sanciones, a modo de que sean más parejas para todos.

“Que evidentemente compense a los distintos sectores sociales, de manera que no se vea que hay eventualmente un castigo particular a quienes reciben ciertos beneficios sociales”, comentó.

En términos de cómo funcionaría este registro, sería operado por el Registro Civil y financiado por el Ministerio de Hacienda. Así, tendría un funcionamiento similar al de una persona con su RUT que pueda solicitar antecedentes.