La Corte Suprema endureció su respuesta frente a los casos de funcionarios judiciales que viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica.
El pleno resolvió abrir los primeros cuadernos de remoción contra funcionarios involucrados en viajes al extranjero mientras se encontraban con reposo médico y, además, revisar sumarios que habían terminado con absoluciones, sobreseimientos o sanciones menores.
La decisión se produce luego de que el máximo tribunal revisara una primera tanda de apelaciones derivadas de los sumarios administrativos iniciados tras conocerse los antecedentes entregados por la Contraloría.
Desde la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales manifestaron preocupación por la forma en que se han abordado los casos.
Su presidente, Marcelo Acevedo, advirtió que hasta ahora las revisiones del pleno se han concentrado principalmente en jueces y cuestionó la existencia de diferencias de criterio respecto de las sanciones aplicadas a funcionarios de otros escalafones.
“Nos ha preocupado mucho en la Tercera Sala, que ha fallado en los recursos de protección de otros funcionarios públicos, donde el criterio no ha sido de medir el caso a caso, sino que más bien hacer una tabla rasa de apoyar las destituciones“.
Otra de las organizaciones que sigue atentamente el proceso es la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial.
Patricio Aguilar, líder de la organización, señaló que antes de emitir una evaluación definitiva esperan conocer el criterio que adoptará la Corte Suprema respecto de la prescripción de los hechos investigados y la aplicación de las normas internas que regulan estos procedimientos disciplinarios.
Aguilar explicó que uno de los puntos centrales será determinar si el tribunal mantendrá los límites temporales establecidos en sus propias disposiciones administrativas para sancionar conductas vinculadas a faltas a la probidad. A su juicio, la definición que adopte el pleno será clave para establecer el alcance de las investigaciones y las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
“Nosotros para poder tomar un pronunciamiento formal sobre este tema, tenemos que esperar qué es lo que va a decir la Corte Suprema respecto de la misma disposición del Acta 108-2024, que establece que se puede sancionar actos que estuvieran reñidos con la probidad o con las investigaciones administrativas hasta dos años hacia atrás”.
Durante las próximas semanas, el Pleno revisará el caso del polémico magistrado Daniel Urrutia, quien había sido sobreseído por la Corte de Apelaciones, al haber prescrito la sanción; sin embargo, fuentes de tribunales señalan que el criterio de prescripción aumentó a 5 años, lo que complicaría al juez.
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