La Defensoría de la Niñez y el Colegio Médico cuestionaron en el Senado una indicación del Gobierno al proyecto de Ley de Migraciones que permitiría solicitar información de extranjeros en procesos migratorios a organismos públicos y privados, incluidos hospitales y colegios.

Este martes, en la Comisión de Gobierno del Senado, la Defensoría de la Niñez y el Colegio Médico cuestionaron la indicación presentada por el Ejecutivo al proyecto que modifica la Ley de Migraciones para perfeccionar el procedimiento de expulsiones administrativas.

En concreto, la propuesta del Gobierno busca facultar a la autoridad migratoria para solicitar información a organismos públicos y privados —incluidos establecimientos de salud, educación y entidades previsionales— respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación.

En ese contexto, tanto la Defensoría como el Colmed advirtieron que la medida podría desincentivar el acceso a la salud y la educación, afectar derechos fundamentales y generar consecuencias negativas para niños, niñas y adolescentes (NNA), y a la salud pública.

Los cuestionamientos de la Defensoría de la Niñez y el Colmed

Durante la sesión expuso el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien advirtió que la iniciativa podría afectar los derechos de NNA migrantes, argumentando que la norma podría generar efectos inhibitorios en el acceso a servicios esenciales, como la salud y la educación.

La indicación prioriza el control migratorio por sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes“, apuntó.

Desde el Colegio Médico, en tanto, el tesorero nacional del organismo, el doctor Carlos Becerra, planteó que la iniciativa podría afectar la confianza entre los pacientes y los equipos de salud. “La política migratoria nos parece legítima, pero eso no puede conculcar el derecho a la salud“, afirmó.

El representante del gremio médico sostuvo que la obligación de reportar antecedentes de personas migrantes podría provocar que algunas eviten acudir a centros asistenciales por temor a consecuencias administrativas derivadas de su situación migratoria.

“Esto genera un efecto disuasivo y la gente va a dejar de ir, en esta condición, a los centros de salud. Y eso tiene impactos no solamente para esas personas, que eventualmente pudieran incentivarla a que dejen el país, sino que afecta al país en su conjunto“, afirmó.

De esta manera, tanto la Defensoría de la Niñez como el Colmed coincidieron en que la indicación requiere modificaciones para compatibilizar los objetivos de control migratorio con el respeto a los derechos fundamentales, advirtiendo además eventuales efectos negativos para la salud pública y para el acceso de niños, niñas y adolescentes a prestaciones básicas garantizadas por la legislación vigente.