Tras la aprobación de la invariabilidad tributaria por 25 años en la Cámara Baja, las diputadas Daniela Serrano (PC), Ana María Gazmuri (AH) y el diputado Jorge Brito (FA) ya anunciaron una reserva de constitucionalidad.
Todos los parlamentarios reaccionaron públicamente a la aprobación de la medida a través de sus cuentas en la red social “X”.
En ese contexto, Serrano (PC) manifestó su rechazo a lo que implica aprobar una invariabilidad tributaria por 25 años. “6 gobiernos y 6 legislaturas sin poder modificar la carga tributaria”, escribió.
“Como @DiputadsPC_indp realizamos reserva de constitucionalidad. Mientras tanto, la derecha aplaude y celebra beneficios para sus bolsillos y los de sus amigos, amarrando al país por décadas”, enfatizó. Luego, concluyó: “Chile merece más”.
“Es un atentado a la democracia”
Por su parte, Gazmuri (AH) sostuvo que una mayoría circunstancial “decidió amarrar la política fiscal por al menos 6 periodos presidenciales”, agregando que esto “restringirá la potestad tributaria de futuros gobiernos”.
“Es un atentado a la democracia y debilita el ejercicio democrático, porque impide que las mayorías futuras puedan decidir soberanamente sobre la política fiscal del país”, criticó.
A ello, añadió: “Chile necesita más herramientas para enfrentar desigualdades y financiar derechos sociales, no candados tributarios hechos a la medida de los más poderosos. Como comité, anunciamos reserva de constitucionalidad”.
“La soberanía democrática no se hipoteca por 25 años”
Finalmente, Brito (FA) escribió por medio de la red social que ya dejó expresa su reserva de constitucionalidad.
Al respecto, criticó que “ninguna mayoría circunstancial puede amarrar a las futuras mayorías democráticas ni congelar la política fiscal del Estado por décadas”.
“El Congreso legisla de forma transitoria, no permanente. Pretender impedir que futuros gobiernos y parlamentos definan impuestos vulnera los artículos 4, 5 inciso 1°, 6 inciso 1° y 7 incisos 2° y 3° de la Constitución”, complementó.
El parlamentario arremetió contra la aprobación y culminó señalando que “la soberanía democrática no se hipoteca por 25 años”.
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