El Plan de Emergencia Habitacional impulsado durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric enfrentó un duro cuestionamiento en la Comisión de Vivienda del Senado, luego de que la contralora Dorothy Pérez expusiera los resultados de una auditoría realizada por el órgano fiscalizador, reactivando el debate por una eventual AC contra el exministro Carlos Montes.
Durante la sesión, la contralora presentó un informe que evidenció debilidades estructurales en la implementación del plan, apuntando a falencias en el seguimiento de metas y a una deficiente fiscalización de los recursos públicos entregados.
La exposición detalló cómo procedimientos que debían ejecutarse con rapidez terminaron atrapados en trabas burocráticas, mientras miles de familias continúan esperando una solución habitacional que, según las proyecciones iniciales, debía avanzar con mayor celeridad.
A raíz de estos antecedentes, desde la oposición surgieron nuevas críticas a la gestión del exministro Carlos Montes, quien la semana pasada compareció ante la comisión y aseguró que no existieron sobreprecios en la compra de terrenos ni actuaciones de mala fe.
Oficialismo descarta acusación constitucional (AC) contra Montes
Tras la presentación de la contralora, integrantes de la Comisión de Vivienda reaccionaron a los antecedentes expuestos. El senador socialista Fidel Espinoza valoró la instancia y sostuvo que no existen fundamentos para impulsar una acusación constitucional contra el exsecretario de Estado.
“Con esta sesión, con la participación de la señora Dorothy Pérez, Contralora General de la República, quedan absolutamente descartadas las violaciones a la Constitución que han pregonado algunos sectores de la derecha”, afirmó.
“Se derrumba definitivamente cualquier atisbo de viabilidad de una acusación constitucional contra el ministro, exministro Carlos Montes”, agregó Espinoza.
En la misma línea, la senadora del PPD Loreto Carvajal aseguró que la presentación no entregó antecedentes suficientes para justificar una acción contra el exjefe de la cartera de Vivienda.
“Está suficientemente aclarado que no hay un sobreprecio y que no hay mérito desde el punto de vista de la fundamentación para poder generar una acción constitucional”, señaló.
“Por ello, llamaría a los colegas a atender las prioridades del país, sobre todo en materia de seguridad y también respecto de este proyecto misceláneo”, concluyó.
Radio Bío Bío contactó a los senadores oficialistas que integran la comisión, aunque estos desistieron de entregar declaraciones respecto de la exposición de la contralora, argumentando su derecho a guardar silencio ante eventuales acusaciones constitucionales.
Republicanos insisten en responsabilidades de exministro
No obstante, desde el oficialismo, la diputada republicana Paz Charpentier sostuvo que los antecedentes expuestos por Contraloría sí confirmarían una vulneración constitucional por parte de Montes.
“El exministro Montes efectivamente infringió la Constitución y las leyes, y eso consta en el informe publicado por la Contraloría, que declara efectivamente compras con sobreprecios”, acusó.
Así, en el Senado persiste la interrogante sobre si la exposición de la contralora entregó finalmente el argumento decisivo que sectores de la derecha buscaban para avanzar contra Carlos Montes, o si las irregularidades detectadas terminarán traduciéndose únicamente en sumarios administrativos y recomendaciones de mejora.
Mientras el debate político continúa escalando, la meta de construir 260 mil viviendas parece alejarse cada vez más en medio de cuestionamientos administrativos, informes de fiscalización y amenazas de juicio político.
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