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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La comisión de Seguridad del Senado aprobó un proyecto del gobierno que permite la continuidad de juicios penales con la ausencia del imputado, con más de 77 mil procesos pendientes. La reforma busca evitar la paralización de la función jurisdiccional por incomparecencias injustificadas, limitando el sobreseimiento temporal y la suspensión del juicio. Se garantiza el derecho a defensa, permitiendo la integración tardía del acusado a la audiencia y recurso de nulidad contra sentencias dictadas en ausencia. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reconoció margen de mejora y destacó la importancia de fortalecer el proyecto.

Fijando un plazo para indicaciones y la votación en particular, la comisión de Seguridad del Senado aprobó por unanimidad uno de los primeros proyectos de seguridad de autoría del gobierno: La iniciativa que permite la continuidad de juicios penales con la ausencia del imputado.

Datos aportados por el Ministerio Público revelan que existen más de 77 mil 500 procesos penales con órdenes de detención pendientes, originados por la no comparecencia de las personas imputadas debidamente notificadas.

El proyecto propone:

— Una reforma integral al Código Procesal Penal orientada a garantizar que la incomparecencia injustificada del acusado no paralice el ejercicio de la función jurisdicción.

— Limita la procedencia del sobreseimiento temporal y la suspensión del juicio permitiendo que la sola presencia del defensor garantice la continuidad de la audiencia.

— Como garantía fundamental del debido proceso y el derecho a defensa, permite al acusado integrarse tardíamente a la audiencia con pleno respeto de las garantías del debido proceso, y reconoce expresamente el derecho de recurrir de nulidad contra la sentencia dictada en ausencia de la persona acusada.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, reconoció que el proyecto aún puede mejorar su aplicación. “Tiene margen de mejora efectivamente, asi que nos dieron un periodo para realizar las indicaciones. Nos llevamos como tarea, para fortalecer el proyecto. El juicio oral se lleva a cabo con o sin la asistencia del imputado”, dijo.

El promedio de duración de los casos en que se verificó una declaración de rebeldía es de tres años y un mes, y el 62% de las órdenes de detención de imputados declarados rebeldes corresponden a delitos de mediana gravedad.