El ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó la situación de los campamentos y la megatoma de San Antonio, poniendo el foco en un criterio que —según recalcó— guiará las decisiones del Gobierno: priorizar a las familias que han esperado por una vivienda dentro de los canales formales.
En entrevista con Radio 13C, la autoridad sostuvo que el actual escenario exige “ordenar la fila” y evitar señales que favorezcan a quienes acceden mediante ocupaciones irregulares.
En esa línea, Poduje fue enfático al referirse al caso de la megatoma en San Antonio, donde cuestionó el alto costo del terreno —cifrado en 11 mil millones de pesos— pese a carecer de urbanización y factibilidad.
Además, respaldó las gestiones del Consejo de Defensa del Estado para rebajar el precio a cerca de 4 mil millones, en medio del litigio en curso. “Todos están ilegales”, afirmó, apuntando también a una eventual falta de control oportuno que permitió el avance de la ocupación.
“Acá la toma se hizo con mucho tiempo. Acá hubo topógrafo, levantamiento. Nosotros vimos las fotos; alguien se tomó la molestia de tizar, de intervenir en el predio, de llevar maquinaria, niveladora”, reveló.
El titular de Vivienda criticó, además, la estrategia adoptada en la administración anterior, asegurando que se generaron expectativas inviables para las familias. “Se inventó un sistema de cooperativas que nunca iba a funcionar”, indicó, agregando que incluso se destinaron recursos de distintas regiones para financiar la compra del terreno, lo que calificó como “altamente cuestionable”.
Poduje: “Tenemos campamentos de 20 o 30 años que deben ser radicados”
Respecto del futuro del asentamiento, Poduje fue claro: las construcciones actuales serán removidas para dar paso a un proyecto habitacional que permita albergar a cerca de 4 mil familias, bajo estándares de vivienda social. En ese proceso, explicó, solo podrán permanecer quienes acrediten estar previamente inscritos en comités de vivienda con antigüedad. “Si están en la fila, se van a quedar; si no, no”, resumió.
El ministro enfatizó que uno de los principales objetivos es evitar una señal de inequidad frente a quienes han esperado por años sin recurrir a tomas. “¿Qué señal estamos dando? ¿Que el más ‘choro’ gana? No”, sostuvo, recogiendo —según dijo— el malestar de familias que optaron por seguir el camino institucional.
En paralelo, Poduje detalló que el Gobierno avanzará en la regularización de campamentos consolidados, especialmente aquellos con décadas de existencia y emplazados en terrenos del Serviu. En estos casos, se contempla la entrega de títulos de dominio para permitir el acceso a subsidios habitacionales.
Como ejemplo, mencionó el trabajo conjunto con el municipio de Viña del Mar en campamentos como Manuel Bustos, Monte Sinaí y Loma Latorre, donde se busca formalizar la situación de familias que incluso resultaron damnificadas por incendios y que hoy no pueden postular a beneficios por falta de regularización.
“Tenemos campamentos de 20 o 30 años que deben ser radicados. Ahí la prioridad es regularizar, entregar títulos y permitir que accedan a subsidios”, explicó, diferenciando estos casos de asentamientos más recientes o con mayores problemas de seguridad, donde se evaluarán otras medidas.
De esta forma, el Ministerio de Vivienda busca avanzar en una estrategia dual: por un lado, regularizar y dar certezas a campamentos históricos; y por otro, reforzar el criterio de acceso formal a la vivienda, priorizando a quienes han esperado su turno dentro del sistema.
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