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Porque la transparencia no puede ser una exigencia sólo para el adversario y una sugerencia para los propios. La promesa de orden, seriedad y probidad se honra actuando correcta y verazmente y no solo cuando el escándalo ya estalló.
La vuelta al rigor con el presidente José Antonio Kast, más que una medalla para vanagloriarse, es una carga para todos, partiendo por nuestras autoridades e incluidas las del propio sector. En la medida que el rigor se aplica de verdad, la igualdad ante la ley deja de ser un pergamino y pasa a convertirse en realidad.
Resulta impresentable que nuestras autoridades omitan y no sean sinceras con sus declaraciones de intereses y patrimonio (DIP), cuya obligación está vigente desde el año 2016.
En este caso, no estamos frente a un problema de izquierda o de derecha, y lo que trataré no es por el hecho que diputados adeuden el pago de sus estudios, sino porque no lo declararon cuando tuvieron que hacerlo, tal como lo investigó la Fundación Fuerza Ciudadana.
En el listado deudores CAE aparecen diputados de todos los sectores políticos. Y precisamente por eso el asunto es todavía más grave: si la obligación es común, la exigencia también debe serlo. No puede haber indulgencia para unos y severidad para otros.
Como Fundación Fuerza Ciudadana, en el marco de nuestra investigación, tras revisar las declaraciones juradas de intereses y patrimonio de cada uno de los diputados involucrados, verificamos que efectivamente no declararon dichos pasivos, pese a que por ley y por su normativa interna -en la Cámara de Diputados- sí debían hacerlo.
No se trata de una omisión menor, ni de un simple error administrativo. Se trata de información patrimonial que debía ser informada públicamente por quienes, en su calidad de legisladores, están especialmente obligados a dar ejemplo de transparencia, probidad y respeto por la ley.
Por lo mismo, respecto de esos diputados haremos la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso. Porque resulta sencillamente impresentable que quienes crean, reforman o fiscalizan las leyes pretendan luego excusarse en el desconocimiento de obligaciones que ellos mismos dictaron, aprobaron o están llamados a fiscalizar.
Ya tuvimos el ejemplo del gobierno anterior, que justificaban sus repetidos incumplimientos a las leyes y la Constitución con desconocimiento. Aquí se deben dar garantías de no repetición.
Como ciudadanos, estamos cansados de que autoridades invoquen ignorancia cuando se trata de cumplir reglas básicas de transparencia que conocen —o, al menos, están obligados a conocer— mejor que nadie.
Y aquí conviene ser especialmente claros: más allá de lo que resuelva la Comisión de Ética, la propia Ley 20.880 establece que estamos frente a una declaración jurada. Por tanto, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o políticas que correspondan, también puede existir responsabilidades penales. No porque lo diga esta columna, sino porque así lo contemplan los artículos 210 y 212 del Código Penal.
La falta de verdad en declaraciones juradas exigidas por la ley el legislador lo castiga como perjurio, por lo que será el Ministerio Público, y no la conveniencia política de turno, quien deba determinar y perseguir las responsabilidades que correspondan por la omisión en sus declaraciones juradas.
Respecto de las nuevas autoridades recién asumidas en el Gobierno, el mensaje debe ser igual de claro: cumplan todos, tienen 30 días para hacerlo. No solo quienes vayan a percibir altos ingresos, ni solo aquellos casos que puedan generar mayor exposición pública. Todos los obligados a declarar deben actuar con transparencia, veracidad e integridad, consignando completa y oportunamente la totalidad de su activo y de su pasivo. La probidad y transparencia no admite excepciones ni interpretaciones acomodaticias.
El presidente José Antonio Kast está demostrando claramente ante la ciudadanía que el rigor ha vuelto, y este rigor se aplica para todos.
Este es el parámetro que aplicamos como Fundación Fuerza Ciudadana: caiga quien caiga, porque lo importante es la protección de nuestras instituciones y la erradicación de las malas prácticas. Sin que resulte valederas defensas institucionales.
Porque la transparencia no puede ser una exigencia sólo para el adversario y una sugerencia para los propios. La promesa de orden, seriedad y probidad se honra actuando correcta y verazmente y no solo cuando el escándalo ya estalló.
Chile no necesita más permisividad hacia el poder y un trato diferente o preferente para quienes lo administran. Chile necesita servidores públicos que entiendan, de una vez por todas, que declarar la verdad no es un gesto voluntario: es una obligación legal y un deber moral con la ciudadanía.
