En el marco de su cuenta pública, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, dio a conocer una serie de cifras sobre fiscalización, poniendo el foco en irregularidades en el aparato estatal. Entre los antecedentes más llamativos, reveló que más de 6 mil funcionarios utilizaron licencia médica para ausentarse de sus labores en el Estado, pese a que igualmente desarrollaban actividades en el sector privado durante ese mismo periodo.
De acuerdo con lo expuesto, se trata de 6.311 casos detectados de personas que justificaron su ausencia laboral mediante licencias médicas, pero que igualmente desempeñaron funciones fuera del Estado.
“6.311 casos de personas que justificaron su inasistencia en el sector público. No podían venir a trabajar a los municipios, a los servicios de salud, a los ministerios, pero sí podían trabajar en el sector privado”, sostuvo.
En esa línea, agregó que estas situaciones incluso implicaron la percepción simultánea de ingresos. “Detectamos 6.311 casos de personas que estaban recibiendo al mismo tiempo renta por actividad que hicieron en ese periodo en dos o en tres trabajos. Pero a los privados podían ir, ahí no presentaron licencia, y a los públicos sí podían aceptarse”, cuestionó.
Contraloría destaca mal uso de licencia médica de funcionarios públicos
Junto con lo anterior, la autoridad recordó que este tipo de prácticas forman parte de un universo mayor de irregularidades. En total, se identificaron 55.933 casos por uso indebido de licencias médicas, incluyendo situaciones como viajes al extranjero —que alcanzaron los 25 mil casos— y otras conductas incompatibles con el reposo.
Al respecto, detalló ejemplos detectados en las auditorías: “Vimos otra situación de los médicos que atendían partos; estando con licencia médica, se iban a lo privado a atender un parto. También vimos funcionarios que iban al casino a apostar, mientras estaban justificando su inexistencia con licencia médica en el sector público. La suma de todo esto, incluyendo los 10.000 que detectamos en el nivel regional, son 55.933 casos”.
Sumarios, sanciones y renuncias
En cuanto a las consecuencias administrativas, Pérez informó que se han instruido 13.074 sumarios, aunque advirtió que 723 entidades aún no reportan avances. De los procesos concluidos, “344 sumarios ya se terminaron. 93 funcionarios fueron destituidos en esos procedimientos y 77 personas fueron cesadas en su cargo por término de contrato”.
A ello se suma un fenómeno adicional: “Más de 1.000 personas renunciaron durante la primera semana” tras conocerse los casos, quienes —según indicó— “se fueron sin responsabilidad administrativa”.
Debido a esto, la contralora hizo un llamado a avanzar en cambios legales. “Pedimos a las autoridades colegisladoras que evalúen dar urgencia a la tramitación de un proyecto de ley que está en la Comisión de Gobierno Interior actualmente y que faculta a la Contraloría a sancionar a los funcionarios (…) cuando han renunciado y durante los seis meses siguientes”, explicó.
Contraloría apunta a recuperación de recursos y presión presupuestaria
Respecto a la restitución de fondos, la autoridad subrayó que la mayoría de las solicitudes de condonación han sido rechazadas. “En el 96% de los casos hemos rechazado esas solicitudes de condonación”, afirmó, precisando que solo se aceptan en situaciones excepcionales, como errores o causales humanitarias.
En ese contexto, indicó que se ha ordenado el reintegro de más de $1.311 millones por concepto de subsidios de incapacidad laboral. “Son fondos (…) de todos y tenemos que recuperarlos”, enfatizó.
Finalmente, Pérez también abordó las limitaciones presupuestarias del organismo, señalando que actualmente la Contraloría representa apenas el 0,11% del presupuesto nacional. “Es muy difícil fiscalizar así todo el aparato público administrativo con esos fondos”, advirtió, junto con recalcar la necesidad de fortalecer el financiamiento para mejorar la capacidad de control.
Pese a ello, destacó los resultados obtenidos, incluyendo 2.619 actividades de fiscalización, un 13% más que el año anterior, además de 1.804 inspecciones por denuncia. Asimismo, recalcó el impacto económico de estas labores: “El ahorro que generó al fisco fueron 645 millones de dólares. Entonces, tenemos que hacer este trabajo todos los años para que estas cifras no suban”.
Con todo, la contralora cerró con una advertencia: el seguimiento de estos casos continuará de forma permanente, poniendo el énfasis no solo en evitar que se repitan, sino también en asegurar la recuperación de los recursos públicos comprometidos.
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