La Sala del Senado aprobó en general y en particular el proyecto de ley que establece medidas transitorias para contener el precio de la parafina en medio de la anunciada alza de los combustibles. Con 32 votos a favor, ninguno en contra y 6 abstenciones, la instancia aprobó en general y en particular el proyecto de ley que adopta medidas transitorias.
La iniciativa de combustibles, tramitada en tiempo récord, fue remitida a la Cámara de Diputados, donde enfrentará su tercer trámite constitucional.
El proyecto busca asegurar la accesibilidad al kerosene durante los meses de mayor demanda, entregar un alivio económico al mercado de taxis, colectivos y transporte escolar, y suspender transitoriamente el régimen de crédito diferenciado entre empresas transportistas y no transportistas. La discusión en el hemiciclo consideró el informe presentado por la Comisión de Hacienda, que había aprobado la iniciativa por unanimidad, con la salvedad del reemplazo del Artículo 4, acordado por cuatro votos a favor y una abstención.
Bono a propietarios de taxis y colectivos
Uno de los ejes centrales de la votación en Sala fue la definición del bono mensual de $100 mil para los propietarios de taxis y colectivos. El texto final establece que el beneficio regirá a partir del 1 de abril de 2026 por 6 meses, destinado a quienes se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transportes de Pasajeros al 24 de marzo de 2026. El pago lo realizará el Instituto de Previsión Social, y los recursos solo podrán usarse para la compra de combustibles.
Durante la discusión, los senadores también votaron por separado las modificaciones relativas a las pequeñas y medianas empresas y al beneficio para colectivos y transporte escolar, obteniendo 31 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Este respaldo permitió incorporar expresamente a los propietarios de vehículos de transporte escolar y a los taxis colectivos internacionales que cubren el tramo Tacna-Arica, según lo establecido en el convenio de transporte por carretera entre Chile y Perú.
Modificaciones al impuesto específico
Uno de los artículos que generó mayor debate fue el Artículo 4, que reduce transitoriamente el porcentaje de recuperación del impuesto específico para los contribuyentes no transportistas. La disposición establece un tope del 31% del impuesto específico soportado, equiparando su régimen al que aplica para las empresas de transporte de carga. El texto aprobado excluye expresamente a los contribuyentes acogidos al régimen tributario Pro Pyme, protegiendo así a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso previamente ante la Comisión de Hacienda del Senado que la medida busca actuar con responsabilidad fiscal frente al alza internacional del petróleo. “Mantener los precios congelados por las últimas 3 semanas ha tenido un costo enorme para el Fisco”, señaló en esa instancia, detallando que el costo fiscal ascendía a USD 220 millones al 25 de marzo y que, de persistir el mecanismo sin cambios, las próximas tres semanas costarían USD 160 millones cada una.
Los informes financieros de la Dirección de Presupuestos respaldaron el impacto de las modificaciones. El mayor gasto fiscal por los bonos a transportistas y el incremento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo alcanza los $125.653 millones, mientras que el ajuste al impuesto específico para grandes empresas genera un ingreso fiscal adicional de $119.162 millones, lo que compensa parcialmente el gasto, según el Gobierno.
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