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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

"La 'Ley Uber' genera tensión en el Ministerio de Transportes en su etapa final de gobierno, con el futuro ministro Louis de Grange solicitando a Juan Carlos Muñoz no publicar el reglamento antes del cambio de mando. De Grange advierte que la ley podría afectar a usuarios y conductores de plataformas de transporte, generando tarifas más altas y aumentando los tiempos de espera. Se cuestiona si la normativa, influenciada por presiones del gremio de taxis, debería implementarse de inmediato o ser modificada. Además, un fallo tributario respalda que Uber emita boletas electrónicas y retenga impuestos.

En la recta final del Gobierno y a pocos días del cambio de mando, la llamada “Ley Uber” volvió a tensionar al Ministerio de Transportes. El futuro titular de la cartera, Louis de Grange, pidió al actual ministro Juan Carlos Muñoz que no publique el reglamento que permitiría poner en marcha la norma antes del 11 de marzo.

La solicitud apunta a frenar la implementación inmediata de la ley que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte, aprobada por el Congreso en 2023, que aún espera su reglamento para entrar plenamente en vigencia.

De Grange advirtió que aplicar la normativa tal como está diseñada podría generar efectos negativos tanto para los usuarios como para quienes trabajan en plataformas de transporte.

Según explicó, el reglamento reduciría la cantidad de conductores disponibles, lo que terminaría elevando las tarifas y aumentando los tiempos de espera.

Asimismo, el futuro ministro planteó que la ley responde a un contexto político distinto al actual y que, a su juicio, estuvo fuertemente influida por presiones del gremio de los taxis durante su tramitación.

Bajo esa misma línea, alertó que su implementación podría afectar a entre 300 mil y 350 mil personas que hoy dependen de esta actividad para generar ingresos.

Este debate se instala en medio de cuestionamientos de la propia empresa Uber, que ha advertido sobre los plazos y la forma en que se busca dejar listo el reglamento antes del cambio de mando.

Desde el mundo técnico, el experto en transporte Ariel López explicó que existen dos caminos posibles: retrasar la publicación del reglamento para modificar la ley, que prolongaría la actual situación irregular, o bien ponerla en marcha y corregir eventuales problemas una vez que comience a operar.

A esto se suma un frente tributario. Un fallo del Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago respaldó al Servicio de Impuestos Internos y estableció que Uber debe emitir boletas electrónicas por los servicios de sus conductores y retener el impuesto correspondiente.

Al respecto, el académico Franco Basso valoró esta exigencia, señalando que permite ordenar la relación entre las plataformas y los conductores, a su vez de avanzar hacia una tributación más clara en este tipo de servicios.

Así, el conflicto por la Ley Uber llega justo en la antesala del cambio de mando, cruzado por la discusión sobre si el reglamento debe publicarse ahora o quedar en manos del próximo gobierno.

Mientras siguen las dudas sobre sus efectos en precios, cobertura y empleo en el transporte por aplicaciones.