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La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación penal, bajo reserva, por una eventual vulneración cibernética vinculada al proyecto del cable submarino China-Chile y a posibles “incursiones” en sistemas de telecomunicaciones en nuestro país, luego de antecedentes remitidos por el Gobierno tras alertas internacionales.
El caso se activó tras una conferencia del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, realizada el pasado lunes, donde afirmó que “agentes malignos extranjeros” habrían realizado incursiones en sistemas de telecomunicaciones, con riesgo para ciudadanos norteamericanos y chilenos.
Según la embajada, esa información había sido entregada previamente bajo reserva al ministro de Seguridad, Luis Cordero, en una reunión sostenida el 12 de febrero, junto con un informe de cuatro páginas.
Con esos antecedentes, el Ejecutivo activó protocolos internos: solicitó información a la Agencia Nacional de Inteligencia y coordinó acciones con unidades especializadas en cibercrimen de la PDI para contrastar datos y evaluar si existía delito.
Sin embargo, tras hacerse públicos detalles en la conferencia del embajador, el Gobierno optó por frenar esas labores y derivar el asunto a sede penal.
En ese marco, el ministro Cordero instruyó a la PDI remitir una comunicación a la Fiscalía, con miras a que el Ministerio Público evaluara abrir una indagatoria.
En este sentido, la Fiscalía Centro Norte se inclinó por iniciar la investigación e instruyó pericias a la Brigada de Cibercrimen de la PDI. Además, desde el Ministerio de Seguridad se informó a Cancillería para las comunicaciones correspondientes con la embajada de Estados Unidos.
Las complejidades de la investigación
De acuerdo con el exfiscal Andrés Cruz, el caso representa un desafío relevante para la aplicación de la nueva ley de delitos informáticos y para la capacidad investigativa tanto de la Fiscalía como de las policías especializadas.
Advirtió, además, que podría tratarse de hechos cuyo inicio de ejecución esté fuera de Chile, lo que abre un debate sobre jurisdicción, y mencionó que podrían invocarse principios como el de defensa cuando se pone en riesgo la seguridad nacional.
En la misma línea, el exfiscal Roberto Rabi señaló que el Ministerio Público puede solicitar peritajes, recurrir a expertos en ciberseguridad chilenos y extranjeros, y evaluar eventuales formalizaciones si se logra acreditar participación.
Además, aseguró que, de configurarse infracciones más graves, incluso podría analizarse la aplicación de normas como la Ley de Seguridad del Estado.
Por su parte, el exministro del Interior, Jorge Burgos, pidió rigor en el análisis, considerando que la alerta proviene de autoridades políticas.
Así, con la indagatoria en marcha, el foco ahora estará en las diligencias técnicas para acreditar o descartar una vulneración, establecer el origen de los eventuales accesos no autorizados y evaluar la viabilidad de atribuir responsabilidades penales, incluyendo escenarios con actores en el extranjero.
