Entró con chaleco amarillo y esposas: así fue la segunda jornada de formalización de Ángela Vivanco

Este martes, en la segunda jornada de formalización contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, los querellantes apuntaron a una serie de antecedentes que darían cuenta de influencias indebidas y actuaciones incompatibles con la función judicial, incluso posteriores a su destitución del máximo tribunal.

La exsuprema pasó la noche en su condición de “detenida en tránsito” en la cárcel de San Joaquín, en un anexo conocido como el “Capitán Yáber femenino”. Así, durante la mañana del martes, antes de las 9:00 horas, fue trasladada para enfrentar una audiencia que estaría marcada por un fuerte énfasis en la reiteración y persistencia de las conductas que se le imputan.

A diferencia del primer día, esta vez Vivanco ingresó a la sala con el chaleco amarillo de imputada y esposada, lo que motivó una solicitud inmediata de su defensa para que Gendarmería retirara las medidas de sujeción, a lo que el tribunal accedió.

El abogado defensor de la exjueza, Jorge Valladares, fue abordado —a la entrada del Centro de Justicia— por la prensa, donde se le consultó por el peso probatorio de los testimonios que sustentan la investigación, en particular los de Eduardo Lagos y Gabriel Silber.

Al respecto, advirtió que las declaraciones prestadas bajo expectativas de beneficios procesales deben ser analizadas con especial cautela. Asimismo, relativizó los encuentros y vínculos personales que hoy están bajo escrutinio, planteando que el debate jurídico no puede reducirse a la sola cercanía entre personas, sino que debe centrarse en los límites de lo permitido y lo prohibido desde la función pública.

Querellantes argumentan actuaciones impropias

Ya en la sala, el protagonismo fue exclusivo de los querellantes, y el Consejo de Defensa del Estado centró su alegato en la existencia de indicios múltiples y concordantes que, analizados en conjunto, permitirían configurar una presunción fundada de actuaciones impropias.

En esa línea, la abogada del CDE, Luppy Aguirre, sostuvo que hechos que podrían parecer aislados o simples coincidencias adquieren otra dimensión cuando se reiteran, se cruzan y se conectan con otros antecedentes de la causa.

En ese contexto, relevó la cercanía de Vivanco con los intereses de una empresa representada por abogados con los que mantenía lazos de estrecha familiaridad, reforzando la tesis de una relación que excedía lo meramente casual.

Dentro de ese mismo bloque argumental, el Consejo incorporó un elemento particularmente sensible: una conversación conocida en el marco de la Comisión de Ética del Poder Judicial, en la que habría intervenido la ministra Gloria Ana Chevesich, actual presidenta de la Corte Suprema.

Sin detallar su contenido, el CDE presentó este antecedente como parte del contexto institucional que permitiría entender cómo ciertas alertas ya habían sido planteadas y cómo, a su juicio, estas no fueron suficientes para frenar una conducta que posteriormente se proyectó en el ámbito penal.

Los abogados reprodujeron una conversación en la que Chevesich habría dicho: “Quienes conocemos la tramitación en las cortes, en este tipo de causas automáticamente advertimos una serie de irregularidades que contravienen con las normas de tramitación de la corte”.

Codelco acusa intervención indebida de Vivanco

El alegato de Codelco, en tanto, profundizó aún más esa línea. A través de su abogado, Julián López, la estatal sostuvo que Vivanco no solo habría infringido deliberadamente los deberes de su cargo mientras ejercía como ministra, sino que además habría intervenido con su voto en la dictación de resoluciones judiciales dentro del conflicto entre CBM y Codelco, alterando la tramitación regular de los recursos a cambio de sumas de dinero.

La presentación apuntó a evidenciar una intervención activa, consciente y reiterada en causas específicas, descartando cualquier hipótesis de error o actuación meramente negligente.

Luego, uno de los puntos más duros del alegato vino cuando Codelco enfatizó que las gestiones atribuidas a la exministra no se habrían detenido con su salida del máximo tribunal.

Según expuso la abogada Carolina Sepúlveda, incluso después de haber sido destituida de la Corte Suprema, Vivanco habría continuado influyendo y realizando gestiones vinculadas a terceros.

Como ejemplo, se mencionó el envío —en enero de 2025 y desde un correo institucional— de un borrador de contrato de prestación de servicios que involucraba a su pareja y a un conservador de bienes raíces.

Para la querellante, este antecedente refuerza la tesis de una conducta persistente, que no se habría agotado con la pérdida del cargo y que daría cuenta de una forma de operar instalada en el tiempo.

La narrativa construida por los querellantes

Así, a lo largo de la jornada, los querellantes buscaron construir una narrativa común: la de una conducta sistemática, planificada y prolongada de Vivanco, que habría instrumentalizado el cargo jurisdiccional para fines ajenos a la función pública.

Los intervinientes cerraron sus alegatos instalando una idea clave: que, a su juicio, no se trata de episodios aislados, sino de un patrón de comportamiento que, incluso tras la destitución, habría continuado proyectando sus efectos.

Una tesis que ahora deberá ser enfrentada por la defensa en sus propios alegatos y ponderada por el tribunal, de cara a las próximas decisiones del proceso, cuya resolución de medidas cautelares quedó fijada para este viernes.