El magistrado Daniel Urrutia Laubreaux, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, figura entre los funcionarios del Poder Judicial investigados por haber salido del país mientras se encontraba con licencia médica siquiátrica, en el marco de un extenso proceso indagatorio abierto por la Corte Suprema.
Se trata de una pesquisa que está siendo dirigida por la fiscal judicial Macarena Troncoso López, según informó Mega.
Los antecedentes apuntan a dos desplazamientos internacionales realizados por Urrutia: el primero en enero de 2020 y el segundo en octubre de 2022, periodos en los que el juez presentó licencias psiquiátricas asociadas a estrés laboral y conflictos con sus superiores jerárquicos.
En el viaje de enero de 2020, Urrutia se trasladó a San José, Costa Rica, donde participó en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relacionada con la demanda que interpuso contra el Estado de Chile por presunta vulneración de sus derechos fundamentales como magistrado.
El segundo desplazamiento, en octubre de 2022, ocurrió mientras el juez Urrutia estaba con licencia psiquiátrica desde junio de ese año y suspendido por el caso “Primera Línea”. Cercanos al juez aseguran que este viaje, con destino a Tena (Ecuador), tuvo un propósito terapéutico y que las terapias alternativas realizadas allí fueron indicadas por su médico tratante.
Estos casos forman parte de un informe difundido en julio pasado que concluyó que 692 funcionarios del Poder Judicial salieron del país mientras tenían licencia médica. A raíz de ello, la Corte Suprema resolvió remitir el listado de involucrados a las Cortes de Apelaciones para activar los respectivos procedimientos disciplinarios.
El origen del escándalo está en un documento de la Contraloría que motivó al Máximo Tribunal —a través de una resolución del 23 de mayo— a instruir a su Fiscalía Judicial a reunir todos los antecedentes.
Con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se identificaron 1.029 salidas del país durante un lapso de cinco años, asociadas a los 692 funcionarios mencionados, de los cuales 571 siguen activos.
Entre ese personal no hay ministros ni fiscales de la Corte Suprema. Sí aparecen 4 ministros y 1 fiscal judicial de Cortes de Apelaciones, además de 84 jueces, dentro de los cuales se encuentra el caso de Urrutia.
Desde la defensa del juez Urrutia, su abogado Carlos Quezada afirmó a Mega Investiga que entregaron “todos los antecedentes del tratamiento médico” al sumario, y que ambos viajes se encuentran debidamente respaldados por documentación emitida por el profesional tratante.
Pese a todo, fuentes cercanas al caso indican que las eventuales faltas estarían prescritas, ya que ocurrieron hace cinco y tres años. También plantean que la fiscal judicial Macarena Troncoso debería inhabilitarse, al ser uno de los nombramientos mencionados en las conversaciones entre Luis Hermosilla y Antonio Ulloa.
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