La diputada Maite Orsini presentó una reforma constitucional y legal llamada Proyecto Inocentes que busca establecer un nuevo mecanismo de indemnización por error judicial y modernizar la revisión de condenas penales. El objetivo es garantizar reparaciones efectivas para quienes han sido privados de libertad pese a no haber cometido delitos.
“Todos corremos el riesgo de ser inocentes juzgados por algo que no cometimos”, dijo la parlamentaria.
Proyecto Inocentes
Según cifras de la Defensoría Penal Pública, solo entre enero y noviembre de 2025, 1.593 personas estuvieron privadas de libertad y terminaron absueltas o sobreseídas, muchas de ellas después de meses o incluso años en prisión preventiva. A ello se suman más de 28 mil personas que desde 2013 pasaron por el sistema penal sin haber cometido delitos.
Orsini aseguró que estas cifras reflejan un sistema con fallas estructurales: “Hoy el mecanismo de indemnización por error judicial es tan exigente que, en la práctica, es casi inaccesible. El daño es profundo y el Estado casi nunca repara”, afirmó.
Qué propone la reforma de la diputada Orsini
El proyecto crea un nuevo artículo constitucional que establece un derecho claro a indemnización en tres situaciones:
– Personas que estuvieron en prisión preventiva y fueron absueltas o sobreseídas definitivamente.
– Personas condenadas erróneamente, cuya sentencia fue anulada y sustituida por una absolutoria.
– Personas afectadas por resoluciones manifiestamente erróneas o arbitrarias, declaradas como tales por la Corte Suprema.
Reducción de plazos para reparación
Además, la iniciativa moderniza el recurso de revisión penal, ampliando las causales actualmente existentes e incorporando un procedimiento breve y sumario que permitiría resolver indemnizaciones en meses, en contraste con los cerca de “10 años que demora hoy un juicio ordinario para obtener reparación”.
La diputada sostuvo que el sistema vigente carece de reglas claras sobre qué constituye un error judicial, cuáles son sus causales y cómo se deben tramitar las solicitudes, lo que impide que las víctimas accedan a compensación.
“Todos corremos el riesgo de ser inocentes juzgados por algo que no cometimos. Lo mínimo es entregar una indemnización acorde al daño y en el menor tiempo posible”, señaló.
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