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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Gobierno rechaza proyecto de beneficios carcelarios para condenados por crímenes de lesa humanidad. El vicepresidente Álvaro Elizalde lo califica de "nefasta" y advierte un retroceso en derechos humanos. Ministro de Justicia Jaime Gajardo apoya postura, alertando que la medida podría beneficiar también a condenados por femicidio o violación. Senadora UDI, Luz Ebensperger, defiende proyecto, aprobado en general en comisión de Derechos Humanos del Senado.

En medio de la promulgación de la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, desde el gobierno endurecieron su postura y cerraron filas para rechazar con fuerza el proyecto que busca otorgar beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Desde La Moneda, el vicepresidente Álvaro Elizalde calificó la iniciativa como “nefasta” y advirtió que su aprobación significaría un grave retroceso en materia de derechos humanos.

En esa línea, el secretario de Estado remarcó que Chile mantiene compromisos internacionales que impiden relativizar delitos de esta naturaleza, cometidos durante la dictadura militar.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, también salió a reforzar el mensaje del Ejecutivo. En ese sentido, advirtió que el proyecto no solo podría beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad —actualmente recluidos en recintos como Punta Peuco y Colina—, sino también a personas condenadas por delitos graves como femicidio, homicidio o violación.

En el debate legislativo, una de las impulsoras de la iniciativa ha sido la senadora UDI, Luz Ebensperger, integrante de la comisión de Derechos Humanos. La parlamentaria cuestionó las declaraciones del ministro Elizalde y defendió el sentido del proyecto.

El proyecto fue aprobado en general en la comisión de Derechos Humanos del Senado. La moción, impulsada por senadores de oposición, propone que personas condenadas que tengan más de 70 años, padezcan enfermedades terminales o discapacidad severa, puedan cumplir el resto de su condena en reclusión domiciliaria total, con monitoreo de Gendarmería y autorizaciones judiciales para salidas médicas.

Pero la discusión ocurre en paralelo a un fallo clave. La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por Raúl Iturriaga Neumann, exintegrante de la DINA, y confirmó que deberá seguir cumpliendo su condena en Punta Peuco, abriendo aún más la tensión en el debate por el proyecto de ley.