La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, descartó irregularidades tras el reportaje de Bío Bío investiga sobre la ONG Trekan, que ha levantado suspicacias tras experimentar un explosivo aumento en los dineros percibidos por el Estado bajo el actual gobierno.
Entre los cuestionamientos liderados por la diputada independiente de la Bancada RN, Paula Labra, figura que el director de la organización es Jonatán Fuentealba, hermano del conocido asesor del Frente Amplio en la región de Valparaíso, Isaac Fuentealba.
De acuerdo a una revisión de Bío Bío Investiga, Trekan se ha adjudicado $6.345 millones desde el 11 de marzo de 2022, cuando asumió el actual Gobierno. Solo en lo que va del año constan acuerdos por $1.357 millones.
Cabe destacar que el SernamEG ha sido el principal socio de Trekan. Y solo en la actual administración, el servicio ha aportado $2.200 millones a la organización, principalmente por iniciativas relacionadas con la violencia hacia las mujeres.
Consultada al respecto, la ministra Orellana descartó irregularidades, destacando que “tenemos completa tranquilidad de que en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, todos los ejecutores que forman parte primero están siendo monitoreados por el sistema Sisrec (Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas) de Contraloría, cosa que hicimos antes de que fuera una exigencia a propósito del caso Convenios”.
“En segundo lugar, de que los ejecutores son asignados a través de concurso público y en tercer lugar, que hemos privilegiado siempre tener ejecutores públicos y que, por lo tanto, llegamos con uno privado ahí donde no tenemos oferentes del sector público”, explicó.
En ese sentido, pese a reconocer que no ha revisado los antecedentes expuestos en el reportaje de BioBioChile sobre la ONG Trekan, la ministra Orellana insistió en que las licitaciones se han hecho por concurso público.
“No he leído el reportaje, pero lo que sí puedo asegurar es que desde el año 2022 y previo al Caso Convenios, de hecho, en el proceso de modernización que hemos encabezado del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, integramos antes de que se exigiera por ley a todos los ejecutores de los programas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de género al Sistema de Rendición de Cuentas de Contraloría”, enfatizó.
“Todos los servicios han sido licitados, es decir, las contrataciones no se hacen a dedo, sino a través de un concurso público con distintos oferentes en donde se entregan opciones”, puntualizó la ministra Orellana.
En ese sentido, resaltó que “hemos reducido mucho la cantidad de ejecutores privados a propósito de privilegiar el trabajo con los municipios, que son los que también están en red con otros servicios, como por ejemplo la Oficina Local de Niñez”.
“Toda nuestra ejecución presupuestaria, así como la recuperación de la evaluación favorable de todos los programas del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, han sido un trabajo técnico que se expresa con distintos ejecutores de acuerdo a las condiciones de cada región”, concluyó.
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