Fue un empate de siete votos a favor y siete en contra. Eso fue lo que “salvó” al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, de ser destituido tras sus vínculos con el abogado -e imputado por el caso Audio- Luis Hermosilla.
La relación es, o era, cercana. En un primer punto, al juez se le vinculó con la violación al deber de reserva por traspasar al abogado Hermosilla información sobre acuerdos y votaciones de las cortes antes que fuesen públicos.
Además, una posible vulneración del deber de imparcialidad por expresar en las mismas conversaciones falta de neutralidad para juicios en los que tenía un rol decidor. A lo anterior se sumó un posible actuar con falta de probidad por intervenir en concursos de nombramientos y no inhabilitarse en causas en las que tenía gran cercanía con los intervinientes.
Por último, se le atribuía una eventual conducta impropia en designaciones, utilizando su cercanía con el -ahora- imputado para fines particulares.
Votos a favor de la destitución:
1. Ricardo Luis Hernán Blanco Herrera
2. Gloria Ana Chevesich Ruiz
3. Andrea María
4. Mercedes Muñoz Sánchez
5. Leopoldo Andrés Llanos Sagrista
6. María Soledad Melo Labra
7. ministra suplente Eliana Quezada Muñoz
Votos en contra:
1. Manuel Antonio Valderrama Martínez
2. Arturo José Prado Puga
3. Mauricio Alonso Silva Cancino
4. María Angélica Cecilia Repetto García
5. Adelita Inés Ravanales Arriagada
6. María Teresa De Jesús Letelier Ramírez
7. Diego Gonzalo Simpertigue Limare
Si bien fue cuestionada, la decisión no causó sorpresa. Esto, pues cuando se abrió -hace un mes- el proceso de remoción, la votación fue 8 a favor versus 7 negativas; en tanto, el quorum exigido para concretar su salida era más alto.
Según indica el artículo 80 de la Constitución, la determinación debe ser tomada por “la mayoría del total de sus componentes”. En este caso, como el órgano cuenta con 21 puestos, se necesitaba una mayoría de 11.
De hecho, citando dicho artículo, así lo informó la vocera de la Corte Suprema, la ministra María Soledad Melo. “Atendido lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, el ministro sr. Antonio Mauricio Ulloa Márquez no queda removido de su cargo”, anunció en la audiencia.
La vía legislativa
Sin embargo, para quienes quedaron dinconformes e incluso aseguraron que lo sucedido es una “señal de corrupción” en el Poder Judicial, aún queda un camino: la vía legislativa.
Y así fue anunciado. Desde el oficialismo esperan que suceda lo mismo que con Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, ambos destituidos a través del Congreso mediante una acusación constitucional (AC). El diputado Daniel Manouchehri (PS) aseguró que Ulloa se salvó “con jueces que debieron haberse inhabilitado, tanto por su cercanía con el propio ministro Ulloa como por haber manifestado previamente una opinión al respecto del caso que iban a ver”.
“No hablamos de cualquier ministro. El señor Ulloa es el mismo que declaró que le enviaba poemas en agradecimiento al señor Hermosilla. El señor Ulloa ya fue sancionado por la propia Corte Suprema y hoy día está siendo investigado por tráfico de influencias”, complementó.
Entre los impulsadores de la acusación constitucional (AC) contra Ulloa, además de Manouchehri, están: Gael Yeomans, Javiera Morales, Marcos Ilabaca, Daniella Cicardini, Camila Musante, Félix González, Daniel Melo, Ana María Bravo y Jaime Sáez.
En ese contexto, esperan que el libelo acusatorio esté redactado de 7 a 10 días hábiles como máximo. Preliminarmente, igual se está evaluando a acusar a los ministros de la Corte Suprema que no se habrían inhabilitado. Finalmente, aún no se define el equipo redactor del documento.
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