De acuerdo a una reciente encuesta Panel Ciudadano UDD, un 61% cree que las tomas son una expresión del crimen organizado que vende terrenos ilegalmente.
La encuesta realizada entre el lunes 1 y el martes 2, y enviada a un panel nacional conformado por 1.200 personas, constó de un breve cuestionario sobre el aumento de tomas de terrenos en Chile, y el rol que debiera tomar el Estado frente a ello.
El sondeo tuvo un 89% de respuesta (1.068 casos). De tal muestra total, un 61% dijo considerar las tomas como “otra expresión del crimen organizado, que lotea y vende terrenos ilegalmente”.
Un 61% vincula las tomas al crimen organizado, según Panel Ciudadano UDD
Asimismo, un 29% cree que se trata de un fenómeno espontáneo y sin planificación que realizan distintas familias, mientras que otro 10% dijo no saber, o contestó otra cosa a la pregunta.
Los participantes fueron consultados, además, si estaban a favor o no de este fenómeno: 84% se manifestó en contra, 6% a favor, y un 10% expresó no tener una opinión formada ante la problemática.
Respecto al rol del Estado y cómo ha sido su acción frente al aumento de las tomas ilegales en el país, un 53% de la muestra opinó que ha sido deficiente pues “ha actuado tarde y mal”; un 34% la catalogó como insuficiente argumentando que “ha tratado de buscar soluciones, pero sin resultados”; un 7% indicó no tener una opinión formada; y finalmente, un 6% calificó el accionar del Estado como adecuado, ya que “han logrado que disminuyan las tomas”.
Otra pregunta que tuvo una alta respuesta en positivo fue “¿Cree que el aumento en la cantidad y tamaño de tomas perjudica a las personas que esperan por un subsidio estatal?”: 80% sostuvo que sí, 11% que no, y un 9% respondió “no sé”.
De los consultados, un 59% se mostró a favor de que el Estado desaloje a los ocupantes y se devuelva el terreno a sus dueños, otro 28% cree que la solución está en que se logre mediar entre los dueños y los ocupantes, un 10% señaló que se debería expropiar las tierras y construir viviendas para los ocupantes, y sólo un 3% indicó que el Estado no debía intervenir.
Sobre qué debiese hacer el Gobierno con las personas que participan en tomas, las respuestas estuvieron más divididas: 29% consideró que debían ser reubicadas temporalmente en albergues; 25% se declaró a favor de prohibirles por un tiempo el acceso a un subsidio habitacional; un 20% apuntó a desalojarlas y nada más; mientras que un 18% manifestó el otorgarles prioridad en la asignación de viviendas sociales. Aquí, el “no sé” obtuvo un 8%.
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