El exalcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, junto a concejales y exfuncionarios municipales, fueron formalizados este miércoles acusados de fraude al fisco, por el millonario pago irregular de bonos a asistentes de la educación.
Se trató de una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, a raíz de una investigación que lideró la Unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo de la Fiscalía Regional.
De acuerdo a los antecedentes entregados por el fiscal de la causa, Luis González Aracena, el caso está vinculado al pago de un bono compensatorio a asistentes de la educación, beneficio que la Contraloría General de la República había declarado improcedente.
De hecho, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella por los acuerdos adoptados entre 2018 y 2019, que generaron un detrimento fiscal de casi $150 millones, además de compromisos por más de $79 millones en deudas.
Dentro de los formalizados se cuentan el exalcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, -quien es funcionario de planta municipal- así como su exdirector jurídico, Waldemar Sanhueza, así como los exconcejales Georgina Calisto (mamá del diputado Miguel Ángel Calisto), Doris Carrasco, Rudecindo Adio y Franklin Hernández, así como Ricardo Cantín, que actualmente está en el cargo.
“Se llegaron a acuerdos que establecían pago de bonos que no tenían sustento legal, actuando en contra de un dictamen de Contraloría”, señaló el fiscal González a la salida de la audiencia.
“Se estableció durante la investigación un mecanismo que permitía evadir lo dictaminado por la Controlaría General de la República y efectivamente, pagar ese bono a asistentes de la educación”, añadió.
En ese sentido, detalló que “el monto total es de alrededor de más de 300 millones de pesos, el cual se materializó a través de pagos a través de demandas laborales, tanto de avenimientos como de ejecución, en los cuales tuvo participación el alcalde, el asesor jurídico y el Consejo”.
Por último, consultado por diario El Divisadero sobre las penas que solicitará el Ministerio Público, el fiscal González aseguró que lo evaluarán en el curso de la investigación.
“La pena se evaluará al momento de efectuar la acusación, las sanciones establecidas en la ley parten en los cinco años, cinco años y un día, pero en la práctica, obviamente eso dependerá del curso de las diligencias de investigación”, concluyó.
Cabe destacar que el Juzgado de Garantía de Coyhaique determinó un plazo de investigación de 120 días, donde los imputados podrán solicitar diligencias, decretándose además la medida cautelar de arraigo nacional para todos los acusados.
Recordemos que no es la primera vez que el exalcalde de Coyhaique se ve envuelto en un caso judicial, ya que su nombre también apareció en el denominado Caso LED o Caso Luminarias, donde la empresa Itelecom ofreció sobornos para favorecer la adjudicación de la empresa en licitaciones de proyectos de recambio de luminarias en distintas comunas del país.
Según la indagatoria, Alejandro Huala, recibió un soborno de 8 millones de pesos, pago que fue realizado en una caja corrugada de vino.
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