El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, descartó cualquier tipo de vulneración informática al Estado en la polémica liberación del sicario del Rey de Meiggs, asegurando que “la jueza ha reconocido que ella firmó la resolución y las comunicaciones posteriores”.
En diálogo con radio Duna, el secretario de Estado partió señalando que, desde que ocurrió el caso, se han tomado “tres tipos de acciones”: lo primero, identificar dónde está el error, para determinar si fue “negligencia o eventualmente hay comisión de algún delito”; lo segundo, el trabajo de recaptura y lo tercero, ver en qué aspecto se pueden fortalecer “los sistemas de comunicación entre los poderes”.
Tras ello, aseguró que “se descarta que se haya introducido una orden que no correspondía, es decir, que se haya falsificado la firma. Porque la jueza ha reconocido que ella firmó la resolución y las comunicaciones posteriores, y se descarta que se haya vulnerado informáticamente, al menos, los sistemas de comunicación“.
No obstante, dijo que hay que determinar “cuál es la magnitud del error o acto que llevó a la liberación de esta persona” y, por lo mismo, “hay una investigación penal en curso, que va a determinar si se cometió algún ilícito, y hay investigaciones administrativas en curso, que van a determinar si se cometió alguna falta administrativa”. En ese sentido, le encargó al director nacional de Gendarmería que hiciera una “investigación exhaustiva”.
La complejidad del caso del sicario
Ahora, en el detalle del caso, Gajardo explicó que se debe investigar “si se actuó coincidentemente con lo que se debe hacer por parte de Gendarmería, y en segundo lugar, qué es lo que ocurrió con la comunicación de las 2 de la tarde, donde se reitera la orden de prisión preventiva”.
“El problema es que no se reitera propiamente tal, y es lo que ha dicho el comunicado de Gendarmería, que se vuelve a enviar la orden que se había entregado el día anterior”, acotó.
El ministro también mencionó que no había tenido un caso -en la actual administración- que genere tal confusión entre las comunicaciones de los tribunales y Gendarmería. “Han habido casos en los que los tribunales han tenido resoluciones polémicas, pero no se había generado este nivel de diferencias”, afirmó.
Así, reiteró la gravedad del asunto, pues se trata de una persona que cometió el delito de sicariato, indagada en un crimen de alta connotación pública y vinculado al crimen organizado.
“En ese sentido, el crimen en sí mismo por el que está siendo acusado esta persona es un crimen que hace que las instituciones, tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público y en este caso también Gendarmería de Chile, tienen que tener el máximo cuidado y máxima diligencia (…) y claramente aquí eso no ocurrió“, enfatizó.
“O sea, claramente el mejor escenario es que haya sido un error y no se haya actuado con rigurosidad, y ese es un pésimo escenario”, agregó.
Daño al sistema y posible AC contra Gajardo
De esa forma, Gajardo dijo que “en cualquier caso, ya sea el error o la comisión de un delito en cualquiera de las líneas de comunicación de esto, lo que tenemos es un daño terrible o tremendo a la confianza en el sistema de justicia“.
“Y eso es lo que enerva o enoja en este caso. Porque el sistema de justicia había logrado dar con la persona que había cometido el sicariato, logró identificarlo, logró capturarlo, lo llevó al tribunal, lo puso en prisión preventiva, y queda en libertad”, lamentó.
Finalmente, sobre una posible acusación constitucional en su contra, el ministro recordó que asistió a la Comisión de Constitución de la Cámara para responder dudas, las que considera legítimas.
No obstante, señaló que “esta situación en particular se origina en otro poder del Estado, en el cual yo no tengo ningún tipo de competencia, y en lo que sí, desde nuestra cartera hemos pedido dos cosas: Una es que Gendarmeria esclarezca todo lo que ocurrió; y dos, que nosotros vamos a estar disponibles para todos los espacios del Congreso que sean necesarios para entregar esta información, porque entendemos que en el Congreso hayan dudas”.
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