El pasado lunes 7 de julio el Ministerio del Interior emitió la Circular N°32, reiterando y complementando instrucciones para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. El documento, firmado por el ministro (S) Víctor Ramos Muñoz, refuerza la estricta observancia del principio de prescindencia política en la administración pública, esto tras las críticas al propio Presidente Gabriel Boric.
Las elecciones definirán autoridades para el período 2026-2030 e incluirán una posible segunda votación el 14 de diciembre, según el artículo 26 de la Constitución. En esa línea, la circular cita oficios previos de la Contraloría General y del propio Ministerio, que establecieron pautas para garantizar imparcialidad y transparencia.
El texto ordena a todo el personal público abstenerse de utilizar “recursos, tiempo, plataformas o infraestructura institucionales para fines proselitistas”. Además, exige a las autoridades difundir estas normas y ejercer “control jerárquico permanente” sobre su cumplimiento, independientemente del rango o vínculo contractual de los funcionarios.
Plazo fatal para renuncias
De acuerdo con el oficio, personas en cargos de confianza que postulen a elecciones populares deben renunciar antes del 15 de julio de 2025. Esta instrucción aplica para quienes trabajen directamente con ministros, subsecretarios o jefaturas superiores. La medida busca evitar conflictos de interés durante el proceso electoral.
La circular enfatiza el principio de probidad del artículo 52 de la Ley N°18.575, que exige “conducta funcionaria intachable” y “preeminencia del interés general”. Asimismo, se prohíbe toda actividad política durante la jornada laboral, usando bienes públicos o en dependencias estatales. Como señala el texto: “El personal de la Administración del Estado estará impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración”.
Según se lee, queda vedado asociar la actividad institucional con candidaturas, realizar propaganda o ejercer coacción sobre otros funcionarios. Las únicas excepciones son las actividades políticas realizadas fuera del horario laboral y con recursos privados, siempre que no involucren coacción.
Circular N°32 de Interior tras críticas a Boric por prescindencia
La Circular N°32 detalla restricciones al uso de vehículos, bienes inmuebles y recursos financieros. Estos solo pueden emplearse para fines institucionales, sin discriminación entre sectores políticos. Para eventos públicos, las autoridades deben cursar invitaciones escritas a todos los candidatos del territorio electoral correspondiente.
Sobre publicidad institucional, se prohíbe enumerar “logros de una autoridad específica” o usar su imagen en campañas. La Contraloría fiscalizará contratos de servicios para verificar que correspondan “a labores específicas identificables y cuantificables”. El texto advierte: “Ejecutar actividades para fines ajenos a los institucionales compromete responsabilidad administrativa”.
Responsabilidades y denuncias
Así las cosas, el texto de Interior advierte que el incumplimiento de estas normas acarrea responsabilidades administrativas, civiles y penales. Los funcionarios deben denunciar irregularidades mediante el Canal de Denuncias de la Contraloría, pudiendo solicitar reserva de identidad. Presentar acusaciones falsas se considera “infracción grave al principio de probidad”.
El cierre refuerza que las jefaturas deben “velar por el estricto cumplimiento” de las instrucciones.