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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República detectó irregularidades en pagos al Director de Salud Municipal de Angol por más de millones mientras era investigado por delitos sexuales. Según el informe, la Municipalidad siguió pagando su sueldo pese a las restricciones judiciales. El exconcejal Juan Fernández alertó sobre las irregularidades, pero no fue escuchado. Actualmente, el cargo está en manos de un subrogante, mientras que el municipio no ha entregado declaraciones sobre posibles sanciones.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en pagos al director de Salud Municipal de Angol por más de $80 millones mientras se encontraba siendo investigado por delitos sexuales.

El ente contralor, a través de su sede regional en La Araucanía, detectó irregularidades en el pago de remuneraciones al director del Departamento de Salud Municipal (DSM) de Angol, Faustino Parra. Esto, durante el período en que se encontraba bajo medidas cautelares y sometido a un proceso judicial vinculado a delitos sexuales en contra de una funcionaria del Departamento de Salud.

Según el Informe Final de Investigación Especial N° 451, la Contraloría analizó los pagos efectuados al directivo entre 2023 y 2024 y constató que, pese a las restricciones judiciales vigentes, la Municipalidad continuó pagándole su remuneración.

De acuerdo con el documento, durante los años señalados el funcionario percibió un total de $81.374.696 en remuneraciones, de los cuales $52.662.470 correspondieron al período en que estuvo sujeto a medidas cautelares, entre el 30 de mayo de 2023 y el 16 de septiembre de 2024.

El ex concejal de Angol, Juan Fernández, señaló a Radio Bío Bío que desde que detectó irregularidades advirtió ante el municipio. Sin embargo, las solicitudes no fueron respondidas.

Actualmente, el cargo de director del Departamento de Salud de Angol está siendo subrogado por Javier Quiroz. Por su parte, desde el municipio, pese a la insistencia, no entregaron declaraciones sobre el informe ni sobre las posibles sanciones que podría implicar.

El informe también derivó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que evalúe eventuales acciones civiles destinadas al resarcimiento de los recursos públicos mal utilizados, así como al Ministerio Público, ante la posibilidad de que algunos de los hechos revisados constituyan delitos.