Ministro Matus en la mira: SEA y organizaciones piden su inhabilidad en caso del proyecto Dominga

Una ofensiva se generó contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, reclamando su inhabilidad en el caso del proyecto minero-portuario Dominga. Esto, por su relación de amistad con Marcelo Castillo Sánchez, abogado que representa al Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Totoralillo, partícipe activo de la causa.

Todo partió cuando, la semana pasada, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -en nombre del Comité de Ministros- ingresó una solicitud de nulidad ante la Corte Suprema para dejar sin efecto la admisibilidad de los recursos de casación en Dominga. Esto, alegando que Matus quedó a cargo de la redacción del fallo, a pesar de encontrarse inhabilitado.

Según el SEA, la inhabilidad del magistrado ha sido reconocida por él mismo, dada su relación con Castillo Sánchez. Por ello, a la moción se han sumado nuevos recursos.

Juristas representantes del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera; el Comité de Agua Potable de Los Choros; la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros y la organización de conservación marina Oceana, interpusieron una recusación en contra del ministro de la Tercera Sala de la Suprema.

Marcos Emilfork, abogado y coordinador jurídico de ONG FIMA, reiteró que la imparcialidad de Matus se encuentra comprometida, por lo que es necesaria su inhabilitación “para resguardar la confianza pública en la adminsitración de justicia”.

La ofensiva contra Matus y la visión de expertos

Así, el caso se vuelve aún más controvertido, considerando que el sindicato que representa Castillo Sánchez mantiene un “Acuerdo de Cooperación” con Andes Iron, y que el abogado también representa al sindicato en una querella criminal en curso contra la ministra del Medioambiente, Maisa Rojas, y otras autoridades que integraron el Comité de Ministros que rechazó el proyecto en enero.

El abogado experto en derecho ambiental, Juan Pablo Leppe, sostuvo que eventualmente podría retrotraerse la discusión del proyecto, considerando que, de acogerse la solicitud del SEA, quedarían 4 ministros que votarían, y si la votación empata, se produciría un problema.

En tanto, Cristián Riego, abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales, sostuvo que, independiente de que se pida la suspensión del fallo, la resolución final no se conocerá hasta que se resuelva la solicitud del Ejecutivo.

Justamente, otros expertos señalan que la solicitud de nulidad no solo busca impedir que Matus redacte el fallo, sino también retrotraer la causa para que sea nuevamente revisada por una sala sin la participación del juez objetado.